En medio de las denuncias de la oposición porque el proyecto de ampliación de moratoria del Ejecutivo beneficiaría directamente al empresario Cristobal López, el ministro de Producción, Matías Kulfas, y la
titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, defendieron el proyecto en Diputados y justificaron los nuevos artículos.
“No hay nombres. No miramos la casuística, sinceramente. Esta es una ley que, como todas las de este Gobierno, es absolutamente horizontal para que todos aquellos que estén en condiciones puedan participar”, aseguró Mercedes Marcó del Pont consultada por Oil Combustibles.
La primera jornada de debate en la Comisión de Presupuesto -presidida por el oficialista Carlos Heller– llevó tres horas, entre exposiciones y preguntas, y los legisladores quedaron en reunirse nuevamente el martes que viene para continuar la discusión y emitir dictamen.
“No hay apuro. Discutamos con tranquilidad, entendiendo que es tiempo de unirnos para hacer un esfuerzo y que ese es el deseo del Gobierno”, señaló el presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien se sumó a la comisión para darle la bienvenida a los funcionarios.
En el arranque, Kulfas desplegó un power point para dar números sobre los efectos de la pandemia en la economía. “Tenemos una doble crisis. A la que venía desde 2018 se sumó la del Covid, que no tiene precedentes”, señaló, y solicitó apoyo a la iniciativa: “Para la post pandemia necesitamos ayudar a la recuperación de las empresas, a la creación de empleo de calidad, y en ese sentido la moratoria es una herramienta muy importante”.
A su turno, la titular de la AFIP, señaló que la moratoria permitiría regularizar $ 534 mil millones. “El incremento de la deuda entre diciembre y el 30 de junio en pymes fue del 61%. En grandes empresas y personas humanas, que no estaban en la moratoria anterior, fue del 171%”, señaló.
Además, apuntó que la mayor parte de la deuda se concentra en región centro: el 30% en la Ciudad de Buenos Aires; el 26% en la Provincia de Buenos Aires; 7,3% en Santa Fe; 6,8% Córdoba y 4,2% Mendoza.
Abiertas las pregunta, la oposición apuntó principalmente a dos temas: por qué se decidió habilitar la adhesión a la moratoria de las empresas en quiebra y por qué ahora se permite regularizar las deudas correspondientes a los Impuesto a los combustibles líquidos y al Juego.
Se trata de los ítems que no estaban en la moratoria aprobada en diciembre y que encendieron. Juntos por el Cambio señaló que era un plan “hecho a medida” para el dueño del Grupo Indalo.
“La moratoria es necesaria para ayudar a los que están padeciendo la pandemia. Pero hace ruido el premio a quienes se apropiaron de fondos del Estado, se le den facilidades de pago y se los termine eximiendo de las acciones penales por apropiación indebida”, tuiteó el jefe de la bancada de JxC, Mario Negri, mientras se llevada adelante la comisión.
Marcó del Pont recogió el guante. “Desde el punto de vista de este proyecto político, económico y social, y en el marco de la doble crisis que atravesamos, el esfuerzo que hacemos apunta a garantizar la vida y sobrevida del mayor universo de empresas de Argentina, no hay muchas suspicacias en esto”, afirmó Del Pont, y agregó: “Y mirándolo desde la visión fiscalista yo recaudo mucho más con empresas funcionando que con empresas quebradas”.
En esa línea, detalló que “la experiencia indica que la tasa de recupero de las acreencias del Estado con empresas liquidadas es del 3,6%” y que “cuando existen facilidades el recupero asciende al 63% del total de la deuda”.
Sobre las deudas por el Impuesto al Combustible ya las Apuestas señaló que se incluyeron “tanto en la moratoria de 2001 de Eduardo Duhalde, como en la de 2008 de Cristina Kirchner y la de 2016 de Mauricio Macri”. Agregó: “Las únicas deudas que siempre se excluyeron son las vinculadas a obras sociales y ART”.
“No quiero nombres pero, ¿cuántas empresas están afectadas por deudas de combustibles?”, preguntó el diputado del PRO, Luciano Laspina. “Hay 39 empresas que tienen deuda por combustible”, respondió del Pont.
La oposición también pidió beneficios para los que paguen en tiempo y forma. “En la ley de blanqueo se le dio u premio importante que significó mucha plata y no tenemos evidencia que repercuta en la mejora de la recaudación o en el cumplimiento”, descartó Del Pont.
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