Aborto legal: el protocolo garantiza derechos existentes

un derecho que ya es legal y política de salud pública nacional.

El Código Penal de 1921 dice que las mujeres tienen derecho a realizarse un aborto si han sido violadas, o su salud o su vida están en riesgo. Como nunca se cumplió, la Corte Suprema dictó el fallo FAL en 2012 reafirmando este derecho, instando a todas las jurisdicciones del país a que adhirieran al protocolo nacional, y subrayando que estas situaciones no deben llegar a la Justicia. 

La ciudad tenía un protocolo restrictivo. Pedía la judicialización y el acompañamiento de padres, entre otras trabas. Sabemos lo que cuesta denunciar los abusos. Sabemos que siete de cada diez abusos ocurren en los propios hogares. Los violadores son los propios padres o padrastros. Hoy sabemos todo eso. También que la ciencia avanzó: el 90% de las interrupciones de embarazos se hacen antes de la semana 12 con medicamentos. Por eso se vuelve necesario actualizar los protocolos. 

“La política sanitaria debe garantizar el acceso de la población a las mejores prácticas clínicas y de salud pública para promover, prevenir, atender y rehabilitar la salud, así como para velar por la garantía de derechos consagrados en el marco normativo. También debe guiar, acompañar y proteger el trabajo de las instituciones y los equipos de salud con lineamientos claros y actualizados que ayuden a atender a la población con compromiso y responsabilidad. Este protocolo tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad”, dice el texto aprobado este jueves.

También cita al Código Penal, y Tratados de Derechos Humanos, y a la Corte Suprema y a la Organización Mundial de la Salud. Es ley. Y como tal, no puede quedar en decisiones arbitrarias que aún hoy fuerzan a parir a niñas y mujeres violadas, algo que los organismos de Derechos Humanos califican de tortura. En Argentina tenemos muchos ejemplos recientes.