La permanencia del general en actividad Eduardo Pazuello como ministro interino de Salud de Brasil se tornó prácticamente insustentable luego de que un juez del Supremo Tribunal Federal
(STF) indicó que su presencia en el cargo asocia a las Fuerzas Armadas brasileñas a un genocidio.
El comentario del juez Gilmar Mendes provocó indignación en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, rechazos de las tres fuerzas militares y enérgicos pedidos de retractación del vicepresidente y general retirado Hamilton Mourao, pese a que el magistrado no es un solitario en esa posición.
Por debajo de esos aires indignados, sin embargo, corría con fuerza la versión de que los camaradas de armas de Pazuello presionaban para que el general a cargo del Ministerio de Saludpase a retiro, y que se buscaba un civil para el cargo.
Con más de 73.000 brasileños muertos por Covid-19 y cerca de dos millones de infectados, Pazuello, sin ninguna experiencia en gestión de la salud pública, ocupa el sensible cargo de ministro en plena pandemia luego que Bolsonaro se desentendiera con sus dos antecesores.
El médico ortopedista Luiz Henrique Mandetta fue despedido por el presidente brasileño el 16 de abril por desacuerdos en la forma de enfrentamiento a la pandemia y su sucesor, el oncólogo Nelson Teich, renunció un mes después, el 15 de mayo, tras continuas desautorizaciones públicas del presidente, enemigo declarado de cuarentenas generalizadas e, incluso, del barbijo.
Mendes, de buena relación personal con Bolsonaro, dijo en un evento transmitido por internet que la actual situación en el Ministerio de Salud era intolerable.
“No podemos tolerar más esta situación que tiene lugar en el Ministerio de Salud. No es aceptable que haya ese vacío (…) Esto es pésimo para la imagen de las Fuerzas Armadas y es necesario decir esto de manera muy clara: el Ejército se está asociando a ese genocidio, no es algo razonable. Es necesario poner fin a esto”.
Mendes es miembro de la máxima Corte de justicia de Brasil desde 2002, cuando fue nombrado por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso.
La declaración causó escozor e instaló una crisis en una cartera sujeta a total control político, pese a que la visión de Mendes es ampliamente compartida fuera del Poder Ejecutivo. Mandetta, por ejemplo, denunció que el ministerio de Salud brasileño fue desmantelado y se encuentra bajo ocupación militar, y en una reciente entrevista con Clarín dijo que los uniformados que lo manejan “no tienen conocimiento de salud pública y cumplen una misión casi genocida, manchando la historia del Ejército Brasileño”.
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Pero antes que reconocer el desastre sanitario causado por el virus y una política pública sin más brújula que el pálpito, el gobierno prefirió indignarse.
Tras la declaración de Mendes, el vicepresidente Mourao dijo que el juez “traspasó la raya” y “superó el límite de la crítica’, mientras que el ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo, se manifestó indignado con lo que calificó como “acusaciones livianas”. Pese a ello, ante críticas constantes, Bolsonaro había indicado semanas atrás que podría reemplazar a Pazuello en caso de que encontrara un médico adecuado para el cargo.
Especulaciones en Brasilia indicaban que el cambio en el cartera sanitaria podría decidirse en hasta algunas semanas.
Ante el coro de indignados, Mendes ratificó que la presencia de Pazuello “es un problema y eso termina siendo un debe para las Fuerzas Armadas, para el Ejército, porque ellos están en la condición de oficiales en actividad”.
El juez dijo también que respeta a los militares, pero que en un contexto como el actual la sustitución de técnicos por militares en los puestos clave del Ministerio de Salud “deja de ser una apelación a la excepcionalidad y extrapola la misión institucional de las Fuerzas Armadas”.
Además, aseguró que rechaza la decisión de reclutar militares para “formular y ejecutar una política de salud que no se ha mostrado eficaz para evitar la muerte de miles de brasileños”.
Las explicaciones del juez, posteriores a su primera afirmación, se conocieron luego de que Mourao le exigiera una retractación por haber usado el término genocidio.
La infección provocada por el nuevo coronavirus mató en las dos últimas semanas, en promedio, a unos 1.000 brasileños por día.
El analista político y periodista André Meirelles, con más de 40 años de experiencia de cobertura en Brasilia, asoció la reacción virulenta de los militares al uso del término genocidio en boca de un jurista y STF, sugiriendo que la declaración puede dar lugar a denuncias ante el Tribunal Penal Internacional.
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