Con esta acción los concejales dieron cumplimiento a lo resuelto en la sesión extraordinaria del jueves último, donde rechazaron la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2019 del intendente
La Junta Municipal logró el rechazo de la ejecución presupuestaria con siete votos colorados y un liberal, en tanto que el pedido de intervención de la administración de Yd fue aprobado con siete votos.
La votación
Por el rechazo a la ejecución votaron el liberal Julio Arévalos, así como Eduardo Florentín, Pablo Novosad, Sebastián Remezowski, Ana Palacios, Andrés Morel, Cesar Rojas y Diego Aquino, estos últimos todos colorados. Por la aprobación votaron Marino Fernández (PLRA), Rosmary Labiste y Juan Carlos Viveros (alianza). Estuvo ausente el colorado Jorge Hrisuk.
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La ejecución presupuestaria fue rechazada por siete votos en la sesión del pasado 8 de mayo 2020, pero el rechazo fue vetado por el ejecutivo municipal.
Por ello, todos daban por hecho de que la ejecución presupuestaria 2019 se aprobaría como los años anteriores por sanción ficta.
Sin embargo, la Junta logró lo que parecía imposible en la sesión del pasado jueves: La mayoría calificada de dos tercios rechazó la ejecución presupuestaria. Justamente, el octavo voto, el del liberal Arévalos, motivó el desmán político y hoy la ciudad esta dividida en torno a su municipalidad.
El sector oficialista municipal asegura que lo sucedido que un golpe político al intendente, en tanto que los comités liberales trataron de traidor al concejal Arévalos.
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El intendente de Encarnación acusado de presuntas irregularidades deberá responder a los cuestionamientos.
El pedido de intervención fue presentado ante el Ministerio del Interior por los concejales Eduardo Florentín (Añetete) y Sebastián Remezowski (HC), dando así cumplimiento a la primera parte del proceso que consiste en el pedido de intervención al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.
La cartera estatal tiene un plazo de seis días hábiles para remitir los antecedentes a la Cámara de Diputados, que deberá constituir una comisión especial para la investigación de los hechos denunciados y expedirse en un plazo de quince días hábiles.
De otorgarse el acuerdo por la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo deberá designar al interventor dentro del plazo de quince días y llevar a cabo la intervención.
