Un informe de los síndicos de Vicentin recomienda levantar las cautelares para que la empresa funcione

según verificó la Sindicatura en un informe al que accedió Clarín, la deuda declarada por el gigante cerealero se condice con lo denunciado en el proceso concursal. Hay una diferencia con la AFIP que se está analizando. Además, se señaló la necesidad de considerar los pedidos de levantamiento de medidas cautelares para garantizar el giro comercial de la firma enfrentada con el Gobierno.

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La Sindicatura planteó que Vicentin, administrada por sus dueños por orden judicial -en contra de lo que pretendía el Gobierno- “logró gestionar sus operaciones – con limitaciones en algunos casos – con un alto grado de cumplimiento de sus obligaciones laborales – pago de sueldos y jornales al día”. Para que esto continúe y se garantice cierto giro comercial, se indicó que si se resuelven favorablemente los pedidos de levantamiento de medidas cautelares, la concursada podría “incrementar el capital de trabajo”.​

El de Vicentin es lo que en el fuero se conoce como “grandes concursos”, por la dimensión de la deuda declarada, $ 100.000 millones, además por la cantidad de posibles damnificados reconocidos, y porque aún devaluado por su situación financiera, la cerealera podría valer más de U$S 700 millones. El caso tomó mayor dimensión cuando terminó en el centro del debate político por la decisión del Gobierno de intervenir la compañía a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), cuya legitimidad se debate en la justicia santafesina.

El concurso siguió su curso en manos del juez Lorenzini y según pudo saber Clarín, a la fecha, poco más del 10% de los acreedores verificaron las deudas, entre ellos el Banco Nación, el de la Provincia de Buenos Aires, y la AFIP -que exige una suma superior a la reconocida por la empresa-. La sindicatura analizó los reclamos y presentó un informe ante el magistrado.

El 10 de julio se cumplieron cuatro meses desde que el juez en lo civil y comercial, abrió el concurso preventivo de acreedores del Grupo Vicentin. Con 1.287 empleados, se reconocieron 2.638 acreedores, por una deuda de $ 99.345,26 millones. El pasivo declarado es importante y la sindicatura plural, trabaja en la verificación del mismo.

En este proceso, queda poco más de un mes para que los 2.638 acreedores verifiquen sus créditos. Es decir, que ante la sindicatura presenten la deuda que reclaman a Vicentin. 

Entre los que verificaron sus créditos se encuentra el Banco Nación que reclama $ 18.500 a Vicentin. Estos créditos -cerca de 300-, son investigados en la justicia federal penal por presunto fraude por parte de las anteriores autoridades de la entidad financiera. Por otro lado, se presentó el Banco Provincia de Buenos Aires, que declara que la cerealera le adeuda $ 900 millones y por otro lado, U$S 14 millones.

La AFIP es otro de los acreedores que se presentó. Ellos reclaman mucho más de lo que admite Vicentin. La compañía les reconoce una deuda de $ 1.665 millones. El ente recaudador reclama mucho más a ese valor.

Para la Sindicatura nombrada por el juez del concurso, la compañía logra tener un desarrollo de la gestión que “se autofinancia, ha sido capaz de financiar la gestión” y expresó en el informe que los montos reclamados  por los diferentes acreedores por capital “coinciden con aquellos que el sujeto concursal denunciara al momento de cumplimentar los requisitos exigidos por la normativa mencionando a manera de ejemplo al Banco de la Nación Argentina; a Netherlands Financiareng y a varios acreedores granarios”.

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En general las empresas en concurso preventivo -explica el informe de los Síndicos-, “en los meses posteriores a la apertura del procedimiento concursal ofrecen notorios altibajos fundamentalmente por la inexistencia de capital trabajo, sin embargo en el caso que nos ocupa advertimos que, contrariamente a esa tendencia, la Sociedad ha seguido operativa y gestionando sus actividades”. Aclararon, sin embargo, que esto cuenta con algunas limitaciones propias de las circunstancias atravesadas, “por ejemplo la disminución de entrega de cereales por parte muchos productores ahora acreedores denunciados en el concurso preventivo”.