El anuncio realizado hace una semana en Illescas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre la presentación de una estrategia definida al delegado del Gobierno en la región y al
ministro del Interior en relación al problema de la ocupación ilegal de viviendas en La Sagra, ha sido aplaudido por alcaldes como el de Lominchar, una población con algo más de 2.300 habitantes que como otros municipios de la zona sufre esta situación insostenible. En Lominchar, a 28 kilómetros de Toledo, hay en torno a 100 viviendas ocupadas ilegalmente, la mayoría pisos, según relata el alcalde Roque Antonio Fernández. El problema, como el resto de municipios de La Sagra, lo tienen desde hace diez o doce años, pues la crisis propició que los promotores de muchas viviendas construidas durante el «boom» inmobiliario, abandonaran las promociones en estos pueblos situados a una media hora de Madrid, y pasaran a bancos. Roque Fernández«Es un auténtico poblema y desde que llegué a la Alcaldía de Lominchar, en junio de 2019, la situación no es buena, como en otros pueblos», confiesa Fernández, quien añade que si la vivienda es de un banco todo cambia, pues el proceso judicial se eterniza y más difícil desalojar a los okupas. Roque Fernández , agradecido por los planes de García-Page en torno a este asunto, pide a los gobernantes que denuncien y sancionen a los okupas, que además, en su mayor parte, han ocasionado inseguridad por su violencia y comisión de delitos en los municipios afectados. «Todos los políticos entienden perfectamente la situación, pero ahora hay que ver si lo avanzado por el presidente regional es verdad», apunta «Es una pena, porque el crecimiento de La Sagra, referente de progreso, está truncado por esta situación irregular; el bienestar en los pueblos se ha trastocado y se hace difícil la convivencia», asegura el alcalde de Lominchar. La llegada de okupas, afirma, crea inseguridad. «Los vecinos se ven involucrados porque tienen que invertir en alarmas por los frecuentes robos, y el ayuntamiento también pues hemos tenido que incrementar la partida de seguridad, ningún pueblo pequeño estamos preparados para esto y en mi municipio sacaremos, por primera vez, dos plazas de policía local». Según Roque Fernández, a raiz de una denuncia de Unión Fenosa por el consumo ilegal de fluido eléctrico y tras cortar también el agua en estas viviendas ocupadas, algunos de los okupas regularizaron su situación, aunque no la mayoría, y desde el ayuntamiento no tienen herramientas para solucionar este gran problema y en Lominchar esperan conocer pronto en qué consiste la estrategia que presentará el Gobierno de Castilla-la mancha. «Surgen muchos problemas de orden público, esta gente no entiende de convivencia y aunque algunos residen en zonas aisladas del pueblo, los problemas llegan a todos», se lamenta el alcalde. El pasado viernes, tres hombres de 66, 52 y 33 años fueron trasladados al Hospital Virgen de la Salud de Toledo, tras sufrir heridas por arma blanca en una reyerta vecinal en Lominchar. Eran okupas. Yeles, Illescas, Yuncler, Alameda de la Sagra o Chozas de Canales son algunos otros municipios que sufren el problema, además de Santo Domingo Caudilla y Barcience en la zona de Torrijos. Desde hace un par de años, los ayuntamientos han optado por cortar la luz y el agua y finalmente desalojar a las familias, un proceso planificado con las compañías y que ha contado con el apoyo de Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Policía Local y la Subdelegación del Gobierno en Toledo con el fin de atajar este fenómeno que está dando múltiples quebraderos de cabeza a los alcaldes.
FUENTE DIARIO ABC:
