Uno de los argumentos centrales de la familia Franco para demostrar que su abuelo ejercía de manera efectiva como propietario del Pazo de Meirás y que, por tanto, lo poseía en concepto
de dueño, era que abonaba los recibos del IBI urbano y rural, así como otros gastos derivados como los seguros del inmueble y otros impuestos menores. Durante esta tercera jornada (y última de testificales) del juicio por la propiedad del Pazo se ha hablado mucho de los recibos del IBI. Pero a juicio de uno de los peritos, el catedrático de Derecho Civil de la UDC José Manuel Busto Lago, el abono de este impuesto no acredita de manera suficiente la posesión en concepto de dueño de Franco respecto de Meirás, lo que permitiría que el Estado, tal y como reclama la Abogacía, pudiera usucapirlo y reclamarlo como propiedad pública. El testimonio de Busto Lago era relevante por haber formado parte del comité de expertos de la Xunta sobre cuyo informe se contruyó la demanda de la Abogacía del Estado. Según ha declarado en sala, «quien paga el IBI no es decisivo para establecer la usucapión». Es decir, que Franco lo hubiera hecho no impediría al Estado reclamar la propiedad al haberla poseido de manera continuada desde 1938 hasta 1968 en concepto de residencia del Jefe del Estado. A su juicio, «son mucho más relevente los hechos objetivos materiales como las actuaciones directas en el inmueble que no se podrían explicar si no fuese un bien de titularidad estatal». Aquí se ha referido a una sentencia del Tribunal Supremo de 1998 sobre el Castillo de La Muela, que validaba esta situación. Para el catedrático, que se realizaran obras anualmente en el Pazo desde que fue adquirido por Franco en 1938 por parte de las distintas administraciones públicas sin que consten en los archivos peticiones o consentimientos del dictador sobre las mismas prueban que el poseedor real del Pazo era el Estado, aunque estuviera inscrito en el registro de la propiedad a nombre de otro. «Hubo una posesión de la residencia por parte del Estado, porque si no, no tendría razón de ser alguno de los gastos acometidos», en referencia a «obras de mejora y para darle mayor utilidad» al Pazo que no estaban vinculadas «a la protección del Jefe del Estado». Por su parte, la defensa ha esgrimido que si el Estado giraba el IBI a Franco en los años sesenta —dado que entonces era un tributo estatal—, era que «reconocia táticamente la propiedad del inmueble» al dictador, extremo no compartido por el testigo. El letrado Antonio Gil Evagelista ha expresado sus dudas al respecto de que «el Estado pueda arrogarse una propiedad en exclusiva» una vez consta «que Franco a título personal pagó todos y cada uno de los impuestos del inmueble», desde el IBI hasta los seguros, además de «asumir la titularidad de una actividad agropecuaria sobre la que se imputaba los rendimientos y tributaba por ellos». Para Busto Lago, sí es posible. La mañana había empezado relativamente bien para los abogados de la familia. Al comienzo de la sesión había logrado demostrar que en el informe de los expertos de la Xunta existían algunas omisiones evidentes. El profesor de historia de la USC Emilio Grandío Seoane, coordinador del apartado histórico del citado informe, había reconocido en sala que entre la mucha documentación que manejaron los investigadores no estuvo quién pagaba el IBI de Meirás, las pólizas de seguros del inmueble o quién tributaba por los rendimientos de la explotación agropecuaria existente en la finca. El testigo-perito ha admitido que no tuvieron acceso al conjunto de la documentación. «En los archivos donde buscamos, de haber existido nos habría aparecido», y ha citado los fondos documentales que se consultaron por parte de los investigadores. El abogado Gil Evangelista ha recordado que «en apenas unos segundos» la defensa «contrastó quién pagaba el IBI en el Catastro». «No lo investigamos, no me consta» ha reconocido Grandío.
FUENTE DIARIO ABC: