Los abogados del empresario Lázaro Báez sostuvieron que la
caución de más de 630 millones de pesos fijada por el tribunal que dispuso la excarcelación de su cliente en la causa por lavado de dinero “deviene exorbitante y de imposible cumplimiento”, por lo que reclamaron que se le fije otra “acorde” a su “realidad material”.
Los abogados Juan Martín Villanueva y Elizabeth Gasaro presentaron un escrito en el que le recordaron al Tribunal Oral Federal TOF 4 que Báez se encuentra detenido hace ya más de 4 años y que “todas sus empresas y cuentas se encuentran inhibidas y/o embargadas.
Añadieron que cualquier movimiento de dinero, a los fines de cumplir con la manda impuesta por el Tribunal, importaría una violación a las propias medidas cautelares actualmente vigentes”.
En esa línea, solicitaron que “se fije una nueva caución real” y se habilite expresamente la posibilidad de “reemplazar la misma por un seguro de caución, a idénticos efectos”, según consta en el escrito al que tuvo acceso Télam.
“Independientemente del hecho que la resolución por medio de la cual se fijara la caución real referido aún no se encuentra firme, se encuentra incontrovertida la necesidad de externar a nuestro cliente del establecimiento penitenciario en el cual soporta, desde hace ya más de 4 años y tres meses en claro fraude a la normativa aplicable, su detención preventiva”, sostuvieron los abogados.
“Nuestra normativa ritual resulta especialmente clara en este punto: ‘Queda absolutamente prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento para el imputado, teniendo en cuenta su situación personal, las características del hecho atribuido y su personalidad moral´”, remarcaron.
No obstante ello, dejaron constancia de harán lo posible “por contratar un seguro de caución, por un monto que se solicita sea fijado en términos razonables y acordes a la realidad material de Lázaro Antonio Báez. Motivo por el cual, habrá también de requerirse a este Tribunal habilite este tipo de reaseguro, a los fines de marras”.
Los defensores de Báez también solicitaron que se ordene el inmediato traslado de su defendido al domicilio fijado en Pilar, provincia de Buenos Aires.