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La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que rechazó excarcelar o conceder prisión domiciliaria al detenido empresario Lázaro Báez y ordenó al Tribunal Oral que lo juzga volver a resolver sobre el planteo de su defensa.
La decisión del máximo tribunal penal federal del país se tomó porque el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4, Abel Córdoba, parte acusadora en juicios por presunto lavado de dinero contra el dueño de “Austral Construcciones”, aceptó el planteo de su defensa en lo vinculado a otorgar a Báez la excarcelación o prisión domiciliaria y pese a ello los jueces rechazaron el pedido, según el fallo al que accedió Télam.
Los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky anularon el rechazo a la excarcelación firmado por el Tribunal y le ordenaron volver a resolver “con razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen fiscal” que avaló la morigeración de la prisión preventiva de Báez porque, caso contrario, al no haber oposición de la parte acusadora, debería hacerse lugar a la petición.
Además, los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), “no se hizo presente” a la audiencia fijada para debatir la cuestión.
El 19 de junio último el Tribunal que juzga a Báez por lavado de activos y tiene a cargo la preparación de otro juicio por otros hechos vinculados al mismo delito rechazó excarcelar al empresario pese al planteo fiscal a favor de conceder el beneficio con tobillera electrónica.
“El pronunciamiento recurrido ha sido dictado en exceso de la pretensión del señor fiscal de juicio, quien presentó su postura favorable al planteo efectuado por la defensa”, advirtió Casación al anularlo.
Báez está detenido desde el 6 de abril de 2016 y su defensa argumentó que tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2, lo cual lo pone en situación de riesgo ante la pandemia de coronavirus.
Además, agregó que el empresario pudo ver vulnerado su derecho a defensa al ser posible víctima de hechos de espionaje ilegal que se investigan en la justicia federal de Lomas de Zamora y que podrían significar “graves violaciones a los derechos humanos” del detenido.