Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que la Guardia Civil pueda tener acceso al contenido completo del procedimiento en el que se investiga el entramado de subvenciones
concedidas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios (los Adell Bover). En un escrito presentado esta semana, la Fiscalía solicita que se le haga entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) -a la que la juez ordenó el pasado enero que indagara en todo lo relacionado con las ayudas públicas- de la documentación remitida por la Generalitat Valenciana y la de Cataluña. En ella constan los expedientes administrativos de las subvenciones otorgadas para el fomento del valenciano a las empresas Comunicacions del Ports, Mas Mut Produccions (ambas administradas por Francis Puig) y Canal Maestrat y Kriol Produccions (vinculadas a sus socios empresariales, la familia Adell Bover) entre los años 2015 y 2019. Anticorrupción avisa de que, salvo error propio, no consta que se hayan unido a las actuaciones las ayudas públicas a las firmas de estos últimos salvo la documentación remitida por la Agencia Antifraude, que lleva a cabo una investigación paralela. Por este motivo, pide a la Generalitat que entregue a la Policía Judicial los expedientes de Canal Maestrat, Kriol Produccions y TV CS Restransmisiones. En cuanto a las subvenciones concedidas por el Gobierno de Aragón a Mas Mut, también solicitan que sean entregados los expedientes para comprobar si los hechos pudieran estar relacionados con los del actual procedimiento. En concreto, se trata de 19.664 y 13.364 dados en 2018. Lo mismo piden respecto a las del Ejecutivo catalán a Canal Maestrat. La investigación se inició a raíz de una querella del PP por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación y malversación en las ayudas al fomento del valenciano a los medios de Francis Puig. Éste se encuentra imputado junto al director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano. A ella se unió otra pararela por un testimonio en Fiscalía de una extrabajadora de una empresa de Adell Bover. Anticorrupción quiere esclarecer si se trata de un grupo de empresas interrelacionado que se cruzan facturas para justificar el empleo de las ayudas públicas recibidas (pudiendo haber algunas idénticas o correspondientes a los mismos servicios). En su último escrito, recuerda que las irregularidades se cetran en el presunto falseamiento de los gastos subvencionados, «parte de los cuales son fruto de la facturación cruzada entre algunas empresas beneficiarias o de otra entidad que, sin ser solicitante de subvención alguna, se encuentra vinculada a las sociedades expuestas».
FUENTE DIARIO ABC: