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Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante institucional en la justicia federal de Lomas de Zamora en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a personas detenidas, informó hoy ese organismo.
La CPM hizo la diligencia como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, debido a que en allanamientos se encontraron dispositivos de escuchas en salas de visita de la Alcaidía de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
“La injerencia arbitraria sobre la privacidad de las personas está prohibida por la Ley de inteligencia y viola garantías y pactos internacionales de derechos humanos. Más grave aún resulta si, además, ocurre cuando se trata de detenidos y detenidas bajo la tutela del Estado”, precisó un comunicado de la CPM.
“Las circunstancias por la que las personas detenidas pierden su libertad, no anulan ni deben menoscabar sus derechos humanos de ningún orden, menos aún los civiles y políticos”, precisó la CPM en su presentación.
Recordó que “la Ley 25.520 también establece limitaciones para la injerencia estatal en la intimidad de los ciudadanos: prohíbe explícitamente ‘obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias’. Y en el inciso 5, la misma norma establece la inviolabilidad de las comunicaciones, información, archivos, registros y/o documentos privados”.
“Estos derechos sólo pueden ser limitados mediante manda y control judicial. En caso contrario, se trata de delitos previstos tanto en la Ley Nacional de Inteligencia como en el Código Penal”, afirmó el organismo.
Calificó de “más grave aún, y como se investiga en esta causa, la injerencia en las comunicaciones de las personas privadas de libertad con sus abogados y abogadas, además de ilegal, viola la garantía del debido proceso”.
La CPM destacó que entre 2016 y 2020 “hubo una jerarquización de las áreas de inteligencia con atribuciones para la reunión de información y análisis en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense y en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia”.