Arrecia la tormenta epidemiológica en Lérida y la Generalitat sigue sin aclarar cómo realizará el seguimiento de los contactos en Cataluña -estrategia básica para evitar rebrotes-, cuando haya rescindido, tal y como
anunció el pasado 8 de junio, el contrato adjudicado a finales de mayo a Ferrovial. No tiene plan B, al menos por ahora, y los 230 trabajadores contratados por la compañía, algunos de ellos estudiantes de Medicina, siguen prestando sus servicios en el Espacio Bital, junto a las instalaciones del 061, en el Polígono Pedrosa de L’Hospitalet de Llobregat. Fueron seleccionados de entre unos 2.300 candidatos, todos pasaron un período de formación y, aunque algunos tienen conocimientos médicos, las tareas que desempeñan son exclusivamente administrativas, básicamente de seguimiento de contactos por teléfono. Según ha podido saber este diario, la adjudicación de este contrato se cerró el 28 de mayo y su rescisión supondría a la Generalitat tener que pagar una indemnización a la compañía de entre 1 y 1,5 millones de euros. Además, «cerrar el nuevo proceso de adjudicación podría suponer varios meses y septiembre, mes en el que se prevé la segunda oleada de casos, está a la vuelta de la esquina», indican fuentes sanitarias. 17,2 millones y 800 personas, el peor escenario La adjudicación del contrato a Ferrovial fue más rápida de lo que acostumbra por la situación de emergencia sanitaria del momento. «Se tramitó como un procedimiento de urgencia, contemplado en el estado de alarma», confirman fuentes próximas a la operación. El contrato que se cerró fue, según apuntan las citadas fuentes, de naturaleza «flexible», es decir, contempla un coste tope de 14 millones de euros (asciende a 17,2 millones con el IVA) en un escenario de máxima alerta con rebrotes generalizados en todo el territorio y la contratación de hasta 800 personas. «Eso es una situación de máximos, el peor escenario, aunque actualmente el coste es de unos cinco millones porque hay 230 personas contratadas y la situación no es de alarma máxima», precisaron los citados portavoces. Los 230 empleados ya han cobrado la primera nómina, ya que empezaron a trabajar el 1 de junio, y su labor de rastreo no se limita a Barcelona sino que prestan servicio a toda la comunidad. La consejera de Salud, Alba Vergés (ERC), anunció que rescindiría el contrato con Ferrovial tras recibir presiones políticas y de la comunidad sanitaria. Según apuntan a ABC un portavoz de Ferrovial, tras ese anuncio la compañía se puso en contacto con el gobierno catalán para lanzarle una propuesta: mantener el contrato como hasta ahora con 230 trabajadores y un coste de 4 o 5 millones. La Generalitat, según apuntan, sigue sin responder a su oferta ni tampoco aclara si tiene una alternativa al contrato de Ferrovial. «Estos rastreadores contratados a Ferrovial, aún siguen desarrollando su actividad. Lo harán hasta que se cierre un nuevo contrato para la prestación de este servicio», indicaron ayer a ABC fuentes del departamento. O sea, siguen sin plan B por el momento y la situación «no invita al optimismo», según reconocieron fuentes sanitarias. A todo ello, se suma que la Agencia de Salud Pública, organismo de máxima competencia en vigilancia epidemiológica, sigue sin un responsable que pivote la entidad después de que su secretario general, Joan Guix, que encabezó la respuesta institucional a la pandemia en los primeros meses, anunciara el 28 de mayo que dejaba la Agencia «por motivos de salud». Mes y medio después, sigue sin haber un«Fernando Simón» catalán.
FUENTE DIARIO ABC:
