Hasta el momento, el presidente Alberto Fernández optó por el silencio. Eligió no hacer ninguna mención pública sobre el asesinato del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez.
En el Gobierno están convencidos de que la trama de la muerte del ex colaborador de la vicepresidenta, que era imputado-colaborador en la causa Cuadernos no tiene nada que ver con esa trama ni con la política. “Es un caso policial”, afirman.
Recién pasadas las 18, el jefe de Estado retuiteó la única manifestación institucional del Ejecutivo sobre la violenta muerta de Gutiérrez. “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa, ante el lamentable hecho de público conocimiento, que Fabián Gutiérrez nunca fue parte del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la cartera. Ni él, ni ninguna autoridad judicial requirieron su protección”, señalaba la publicación original de la Cartera que conduce Marcela Losardo. Cerca del Presidente negaron que se trate de una posición oficial. “Es lo que tiene que ser, que investigue la Justicia e informe”, dijeron.
Entre los allegados más próximos a Fernández, sin embargo, crece el enojo y la indignación contra los representantes de la oposición que calificaron la muerte de Gutiérrez como un caso de “gravedad institucional”. El malestar está teñido de incredulidad y de relativo alivio por la velocidad de la investigación judicial, en la que confían. La oposición, por su parte, reclama que tome cartas en el asunto la Justicia Federal, desconfía del Poder Judicial de Santa Cruz y de la fiscal del caso, Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner y sobrina política de la vicepresidenta.
La mayor parte de la primera plana del Gobierno se enteró de la noticia a través de los medios. Algunos de los funcionarios más importantes del Ejecutivo estuvieron por la noche en Olivos, cuando los rumores ya se habían confirmado. Durante ese encuentro analizó con el ministro de Economía Martín Guzmán la oferta a los acreedores, que el Gobierno haría pública este domingo en el Boletín Oficial.
Uno de los pocos dirigentes que comparte la proximidad con el Presidente y con Cristina Kirchner -y que también conoció a Gutiérrez- niega con énfasis que el tema pueda instalarse en la agenda. “Tenemos temas más importantes, como la pandemia y la negociación de la deuda”, precisó. Sobre la condición de imputado colaborador de Gutiérrez, tampoco tiene dudas. “Lo quebraron como a(l ex contador de los Kirchner, Víctor) Manzanares”, destaca.
El malestar con los opositores no alcanza a todos. Está centrado en los que algunos integrantes del círculo de Fernández definen como “los profetas del odio”. “Primero quisieron instalar que había liberaciones masivas de violadores; después que íbamos a expropiar toda la Argentina. Ahora quieren replicar un nuevo caso (Alberto) Nisman y que Cristina es una asesina serial” , señala un habitúe de Olivos.
Uno de los funcionarios que le sigue los pasos al jefe de Estado criticó a los referentes de Juntos por el Cambio por el tenor de sus acusaciones. “La oposición intenta montar un show berreta con un hecho doloroso como es la muerte de una persona”, argumentó. Exceptúan otra vez al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a su vice Diego Santilli; y a los gobernadores radicales Gerardo Morales, Rodolfo Suarez y Gustavo Valdés.
Cerca de la ex presidenta, que también se enteró por los medios, tampoco salían de su asombro. “Cambiemos intentó llenar de mierda el tema, pero no pudieron: mintieron y especularon: una locura total”, sostuvieron ante la consulta de Clarín.
El secretario de Justicia Juan Martín Mena, que responde a la vicepresidenta, cargó contra la oposición. “La irresponsabilidad de funcionarios del gobierno anterior no reconoce límites. Hacer conjeturas y esa inmediata vinculación política habla de la bajeza personal”, sentenció en declaraciones a la AM 750.
Mena -que volvió a cobrar notoriedad en los últimos meses por encabezar las negociaciones con los presos amotinados en Devoto- administra el programa de Protección de Testigos al que Gutiérrez nunca pidió ingresar, según recordó el Gobierno ante las quejas de legisladores opositores. El Presidente derogó en febrero el DNU que firmó Mauricio Macri a fines de noviembre para trasladar el control del programa a una agencia mixta que dependía del Ejecutivo y la Cámara de Casación.
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