El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, sostuvo que desde el gobierno nacional están “comprometidos con el trabajo y la seguridad del hombre
de campo”, consideró que el delito rural “es complejo” y que requiere “la articulación de todos los sectores” para combatirlo.
“Estamos absolutamente comprometidos con el trabajo y la seguridad del hombre de campo. Para nosotros es un hecho repudiable el vandalismo que ocurre con los silobolsas, pero también con el delito rural en general”, indicó Basterra en diálogo con radio La Red.
En la misma línea, el funcionario explicó que desde el Gobierno nacional están “haciendo lo imposible para despejar cualquier duda de que acá hay una intencionalidad política más allá de las redes sociales”.
“No hay una sola denuncia concreta de alguien que esté involucrado desde una intencionalidad política. Estamos convencidos que el delito rural es complejo y que requiere la articulación de todos los sectores”, enfatizó.
Así, el funcionario nacional explicó que “lo que uno tiene que ver es a quién afecta cuando se rompe un silobolsa. Sin duda al propietario, pero también afecta sobremanera al Gobierno. Eso se tiene que entender, que no es un favor”.
Queremos un país donde se lleguen a las 200 millones de toneladas”
Luis Basterra
“Hay que ver a quién beneficia: puede ser un particular o incluso puede haber alguna intencionalidad política de otro lado para hacernos daño a nosotros también”, concluyó.
Por otro lado, el titular de la cartera agropecuaria remarcó que, en materia productiva, la intención del Gobierno es que llegue a las 200 millones de toneladas la producción de granos en el país.
“Nosotros buscamos que se perciba nuestra actitud de que queremos un país donde se lleguen a las 200 millones de toneladas, y para eso hay que ser equilibrado en las decisiones que se toman”, explicó Basterra ante una consulta sobre los derechos de exportación.
“Las retenciones las reimpuso Mauricio Macri (2018) con una trampa perversa y una actitud poco sustentable desde el concepto técnico: ligar un derecho que se captura en dólares y linkearlo a un cambio fijo en pesos es hacer un guiño de tramposo y decir ‘muchachos, cuando devaluamos esto se licua’. Eso es un nivel de irresponsabilidad absoluta para la gestión del Estado“, explicó.
El esquema de retenciones implementado por el Gobierno anterior estableció, al momento de su reinstalación en 2018, una alícuota cercana al 30% para la soja y del 12% para el maíz y trigo, o esa, que tributaban en estos dos últimos lo mismo que ahora.
Sin embargo, estos porcentajes contaban con un tope de $4 por cada dólar exportado, por lo que, devaluación mediante, el impuesto que pagaba la soja al final de su mandato se posicionaba en torno del 24%, mientras que el maíz y la soja lo hacían, en promedio, al 7%.