El Gobierno sufrió otro revés en su pelea por intervenir al gigante cerealero Vicentin: la justicia rechazó su pretensión para que la discusión por la validez del Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) que dispuso la intervención se lleve a cabo en la justicia contencioso administrativa porteña.
El 19 de junio, el juez comercial de Reconquista Fabián Lorenzini restituyó al directorio de la empresa al frente de la administración y redujo el rol de los interventores designados por Alberto Fernández -Gabriel Delgado y Luciano Zarich- al de “veedores controladores”. El gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, pidió que los interventores sean restituidos en sus funciones, al igual que la provincia de Santa Fe y el propio Zarich.
Mientras tanto, también quedó abierto el planteo formulado por Vicentin respecto a la supuesta inconstitucionalidad del DNU que dispuso la intervención de la firma. El propio juez del concurso dijo que fue “una situación disruptiva consistente en la intervención del órgano de administración dispuesta por el Estado Nacional en el marco de un DNU, en miras al cumplimiento de una futura y eventual ley de expropiación de la sociedad o de su fondo de comercio”.
Lorenzini entendió que él no era el juez competente para dirimir si la decisión administrativa del presidente Fernández sobre una empresa que tiene abierto su concurso preventivo era inconstitucional, como reclamó la compañía cerealera.
Entonces, el gobierno reclamó que esa discusión -cuyo fuero, según muchos especialistas, es por excelencia el contencioso administrativo- se traslade a la Capital Federal. Para ello, la semana pasada hizo una presentación a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas. El escrito se presentó ante la jueza contencioso administrativa federal porteña María Alejandra Biotti, quien debía definir si habilitaba la feria judicial para dar tratamiento al pedido.
Para la jueza Biotti, “no caben dudas que la presentación efectuada por el directorio de Vicentin SAIC corresponde a la competencia contencioso administrativo federal en razón de la materia, pues se impugna una norma de carácter federal con argumentos de carácter estrictamente constitucional y convencional”.
Luego, consideró que como los efectos principales del DNU se producen en la localidad santafesina de Avellaneda, en la cual se encuentra el domicilio inscripto de la sociedad, “no resulta razonable que un tribunal situado a casi 800 kilómetros de la localidad Avellaneda” resuelva “en una acción dirigida a cuestionar la validez constitucionalidad del DNU, cuyos efectos, como se dijo, se producen casi con exclusividad en ese lugar”.
Por ello determinó que la discusión sobre el DNU de Alberto Fernández y los planteos realizados por el Estado Nacional contra la decisión del Juez del concurso “deberán ser resueltos ante los tribunales federales con competencia contencioso administrativo, en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, ante los que corresponderá la interposición de inhibitoria si así lo estimare pertinente el Estado Nacional”.
El Gobierno aún puede apelar esta decisión, y entonces será un Tribunal de alzada el que determine en dónde debe discutirse la constitucional de la intervención de Vicentin.
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