«Una agresión, un incumplimiento muy grave y serio por parte de la Junta de Castilla y León de los acuerdos firmados en el marco del Diálogo Social». Así de tajantes se mostraron
ayer la patronal Cecale, UGT y CC.OO. tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la orden que regula las ayudas para los trabajadores afectados por ERTE. Una medida, la adoptada por la Consejería de Empleo e Industria, que las tres organizaciones criticaron duramente y que no asumen por considerar que es muy inferior a lo acordado, hasta el punto de que se preguntan «si éstas son las formas del nuevo equipo» del departamento que dirige Ana Carlota Amigo, y si «éste es el respeto que se tiene hacia el Diálogo Social que tanto nos representa como Comunidad». Las tres organizaciones denunciaron «no sólo el incumplimiento de la palabra dada por el presidente de la Junta, sino de los contenidos concretos de estos importantes programas que están en los acuerdos rubricados», por lo que solicitaron a Alfonso Fernández Mañueco, «con carácter de urgencia», una reunión del Consejo del Diálogo Social «para reconducir lo que a todas luces es una agresión». Pero, ¿por qué patronal y sindicatos se consideran agredidos? Para empezar, por una cuestión de formas ya que la Orden aprobada ayer no ha sido pactada, como ocurrió con la que vio la luz el 29 de abril. Además, aunque es cierto que el miércoles Amigo mantuvo contactos con los responsables de patronal y sindicatos, éstos no sabían que ayer el Bocyl publicaría la nueva regulación en unos términos sin acordar. Lo cierto es que, según señaló la propia consejera, la nueva Orden «se adapta al escenario actual para garantizar que estos complementos, con una partida total de seis millones de euros, puedan llegar a quienes van a sufrir durante más tiempo la suspensión de su empleo. Reconoció, además, tras el Consejo de Gobierno de ayer, las dificultades presupuestarias derivadas de una reducción de ingresos y un aumento de gastos. Así, podrán optar a una ayuda de siete euros por jornada completa en regulación, los trabajadores -con una base de cotización de hasta 1.600 euros- inmersos en un ERTE por causa de fuerza mayor durante un mínimo de 45 días, si bien la suma de esta prestación y la que perciban del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no podrá ser superior del salario que tienen en activo. Además, se ha adaptado la regulación para que sean los propios afectados quienes puedan solicitarlas, y no las empresas, como ocurriría antes. Esto será posible gracias a un plan de gestión específico que, según la consejera, permitirá la adaptación del sistema informático y la dotación de más personal en previsión de que se produzca una oleada de solicitudes que, no obstante, deberán esperar unos días hasta que se publique la convocatoria. Se calcula que unos 200.000 trabajadores de la Comunidad están afectados por un ERTE. También se ha redefinido el tamaño de la empresa de forma que podrán pedir este complemento quienes pertenezcan a compañías de hasta 250 empleados, y no a centros de trabajo con esa plantilla, como recogen las bases ya publicadas. PSOE y Podemos se suman a las críticas El secretario general del PSCL, Luis Tudanca, no tardó en sumarse ayer a las críticas al Ejecutivo autonómico y denunciar que «alguien que pretende gobernar la Comunidad no puede incumplir la palabra dada». Según señaló el líder socialista, Mañueco «demuestra que no cumple lo que promete ni lo que firma, no tiene palabra». También el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, acusó a la Junta de «agredir» el Diálogo Social y tachó de «mentiroso e indigno» al presidente de la Junta por incumplir los acuerdos.
FUENTE DIARIO ABC: