El juez Fabián Lorenzini que lleva adelante el concurso preventivo de Vicentin, recibió un escrito de Luciano Zarich, uno de los dos interventores designados por el Gobierno nacional a través de
un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), reclamando la restitución del rol que se les había asignado desde la Casa Rosada. El magistrado lo había dejado junto a Gabriel Delgado como veedores controladores, tras ratificar a los dueños al frente de la administración de la compañía.
En duros términos, el interventor criticó al juez: “Viola sistemáticamente la ley”. Así, volvió a ratificar la intención del Gobierno de avanzar contra la empresa.
El concurso preventivo de acreedores del Grupo Vicentin, acumuló una importante cantidad de presentaciones a raíz de la decisión del juez Lorenzini del 19 de junio. En ella, entendió que para garantizar el giro comercial de la compañía -que reconoció 2.638 acreedores que representan una deuda de $ 100.000 millones- debían ser los dueños quienes estén frente a la administración. Hacía una semana que habían sido designados Luciano Zarich y Gabriel Delgado por orden del presidente Alberto Fernández a través de un DNU.
Esa determinación judicial en el marco del proceso concursal, devino en otras medidas. La primera en quejarse fue la provincia de Santa Fe a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), pidiendo que los interventores vuelvan en funciones plenas a su cargo, y que se sume uno más en representación del gobierno local. Además, pidieron que Lorenzini anule su propia resolución.
Ahora la queja fue del interventor Zarich, que continúa como veedores controlador. En el escrito al que accedió Clarín, criticó con duros términos la decisión del juez Lorenzini.
“Ha violado y viola en el trámite principal y en estos obrados en particular de manera sistemática y constante la ley”, indica en uno de sus primero planteos y se refiere allí, a que a su entender, el Magistrado “hace decir al DNU en uso de sus facultades constitucionales, que VS quiere que diga y le otorga trámite a planteos de inconstitucionalidad (algo que planteó Vicentin), o dispone medidas contra el Estado Nacional en directa contradicción con la ley específica que regula la temática, la cual pareciera desconocer ya que la viola sistemáticamente”, en función de cómo resolvió el 19 de junio.
En este punto, para reforzar el planteo, Zarich cita argumentos de la IGPJ que sostuvo que los dueños de Vicentin no son idóneos para administrar la compañía que “llevaron a esta situación financiera”.
Al analizar la situación, el juez del concurso indicó que se está en presencia “de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos”. Por lo tanto, su patrimonio “debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”.
Al respecto, Lorenzini dispuso “que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la ultima Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”. Esta medida desplazó a los interventores del Gobierno.
Para Zarich la medida es incorrecta y genera un riesgo, ya que citando a la IGPJ denunció que los dueños de Vicentin “han realizado innumerables actos de de desapoderamiento patrimonial personal , donaciones, ventas de propiedades al por doquier días antes y después de la presentación judicial”.
Es que para el interventor como para el Estado nacional que se presentó a través de la Procuración del Tesoro, con la decisión de Lorenzini “se violó la decisión administrativa incluida en el DNU adoptada por el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades para proceder a la ocupación temporal anómala”.
El juez en su resolución que pone en discusión Zarich como el Gobierno, habló de una “intervención presidencial” en el proceso concursal y que esto generó “un concreto desplazamiento de sus directores naturales, situándonos en el actual escenario de incerteza jurídica con respecto a quién debe investir el rol de administrador y representante de la concursada”. Por eso Lorenzini restituyó a los dueños frente a la administración.
Ante este escenario, Zarich sostuvo que para garantizar el proceso concursal “cuenta la intervención con especialistas” y apuntó contra Vicentin: “parece que los directores reemplazados y beneficiados por el juez fueran los únicos capaces para llevar adelante la gestión pero resulta que estrellaron la empresa . Esos directores que repone fueron los que llevaron a Vicentin a donde se encuentra hoy”.
Por esto argumentos, solicitó que sea anulada la decisión y que los interventores del Gobierno vuelvan a ocupar el lugar asignado por el DNU. Ante los pedidos de declarar inconstitucional el Decreto presidencial, el juez Lorenzini se había declarado incompetente y Zarich como el Estado Nacional pidieron que ese planteo se dirima en el fuero contencioso administrativo.
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