El ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila denunció en los tribunales federales de Comodoro Py un “pacto de impunidad” entre el juez Sergio Torres, el fiscal Carlos Stornelli y
el procurador de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, con narcotraficantes, lo que desembocó en una causa en la que el ex magistrado correntino resultó procesado.
Con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat, Soto Dávila promovió una “querella por pacto de impunidad con narcotraficantes y otros graves delitos de acción pública perpetrados en sede judicial” y apuntó al ex juez federal Sergio Torres (actual integrante de la Suprema Corte bonaerense); al fiscal federal Carlos Stornelli y al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.
Asimismo, la denuncia se realizó contra el abogado Rodrigo González, los oficiales de Gendarmería Valeria Osorio y Hernán González, y el jefe de Drogas Peligrosas de esa fuerza en 2018, Raúl Contreras.
Soto Dávila, quien renunció en febrero de 2019 luego de ser procesado por Torres por supuestos beneficios procesales para contrabandistas de droga a cambio de presuntas coimas, acusó al actual juez de la Corte bonaerense, a Stornelli e Iglesias de “haber pactado la impunidad del narcotraficante Federico ‘Morenita’ Marín” a cambio de que declarara contra el magistrado correntino, y sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau.
En su escrito, al que Télam tuvo acceso, Barcesat puntualizó que el objetivo era involucrar a Soto Dávila, Molina y Grau en “hechos delictivos” y que, además, omitieron “intencionalmente” investigar al camarista correntino Luis González y al fiscal federal Flavio Ferrini, supuestamente vinculados a delitos ventilados en las investigaciones del narcotráfico proveniente de la localidad de Itatí.
Por otra parte, imputó al abogado González y a Stornelli de “haber presionado” al ex intendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone, cuando estaba detenido en la causa del operativo Sapucay, “a fin de que acusara al ex juez Soto Dávila, haciéndolo permanecer una noche en la Alcaidía de Comodoro Py a fin de ‘ablandarlo'”.
En tanto que al jefe de Drogas Peligrosas de la Gendarmería en 2018, Raúl Contreras, y a los oficiales Osorio y González, los acusó de “haberle propuesto, los tres, en reiteradas ocasiones, a Juan Manuel Faraone que declarara contra Soto Dávila y que si así lo hacía su hija -también detenida- iba a recuperar la libertad y podía casarse como tenía previsto en ese año”.
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