Cursos obligatorios de DD.HH. para los agentes de todas las fuerzas de seguridad

más la violencia del Estado”, explica la diputada tucumana Lidia Ascárate que, junto a su colega Josefina Mendoza (de Buenos Aires), acaba de presentar un proyecto de ley nacional con más de 40 firmas de legisladores, para prevenir la violencia policial e institucional. 

El proyecto, denominado “Ley Espinoza”, lleva el nombre de “Programa Nacional de Formación Continua en Derechos Humanos”. Tiene como propósito, además de la violencia institucional, prevenir la discriminación por identidad y expresión de género u orientación sexual.

La idea nació a partir de los casos registrados durante los más de cien días de cuarentena. “Será un curso de Teoría y de Práctica, que se deberá revalidar cada dos años, obligatoriamente“, detalla una de las autoras del proyecto, de Juntos por el Cambio. Deberán participar los agentes de las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales.

Algunos de los contenidos incluidos en el programa son: resolución pacífica de los conflictos, prevención de la tortura y malos tratos, la perspectiva de género y marco normativo nacional e internacional. 

Los últimos casos de exceso policial más mediatizados ocurrieron en Tucumán: el de Luis Espinoza y el de Ceferino Nadal. El primero fue secuestrado en esa provincia y asesinado y enterrado en Catamarca. Por el caso hay 11 policías detenidos. El segundo murió esposado y reducido en el piso, pisado y pateado por seis agentes de la comisaría primera de Tucumán. Aunque la versión oficial intentó afirmar que la causa había sido un infarto, cuando intentaba escapar de un supuesto robo, todo indica que Nadal falleció por asfixia mientras era golpeado por los oficiales. 

El proyecto también hace mención a los ataques a comunidades indígenas en Chaco y la muerte dudosa de Magalí Morales, en San Luis. La mujer había sido detenida por violar la cuarentena y apareció ahorcada en una celda de la seccional 25. Para su familia, la mataron.

“No es una medida para favorecer a la delincuencia, porque muchas de las víctimas de la violencia policial no son delincuentes. Lo que se busca es ayudar a la formación policial, y que el accionar se ajuste a los tratados internacionales de DD.HH. Y si alguien delinque, que se lo detenga y se siga el protocolo, pero sin excesos“, concluye la diputada.   

“Es un proyecto positivo y esencial”, opina Ariel Cejas, Procurador Adjunto de la Procuración Penitenciaria Federal, que logró distintas condenas contra miembros del SPF, por torturas, apremios y vejaciones. Aunque advierte: “La pregunta es si será suficiente, porque algunas fuerzas ya tienen materias de DD.HH. en sus academias. Lo importante sería acompañarla con una política direccionada desde las cúpulas hacia abajo”.

EMJ