defensores del Pueblo, sobre la denuncia penal efectuada por el interventor, Federico Bernal, contra el exministro de Energía Juan José Aranguren.
A través de un comunicado, el Enargas precisó que “se les hizo saber a las distintas organizaciones que la denuncia versa sobre la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”.
La Intervención realizó un racconto de las acciones encaradas por la gestión macrista previo a la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas).
A modo de resumen, explicó que, a partir del 1 de enero de 2018, debía volver a regir la libre negociación del precio del gas entre las empresas productoras y distribuidoras.
El Enargas, en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias (…) avaló y efectuó el traslado de los precios del gas en dólares, con tipo de cambio variable, a tarifas en abril del 2018”
Remarcó que se trataba de “un momento oportuno para esa negociación, que además correspondía de acuerdo a la Ley del Gas, puesto que la producción de dicho hidrocarburo comenzaba a recuperarse y para fines de 2017 se conocía que en 2018 la producción nacional habría de expandirse fuertemente”.
Además, indicó que “la demanda doméstica exhibía signos de ralentización y estancamiento”.
No obstante ello, puntualizó que “el Enargas, en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias, rechazando ese acuerdo presentado por las ex autoridades del Ministerio de Energía como una ‘normalización del sistema’ y una ‘transición ordenada’ a la Ley del Gas, lo avaló y efectuó el traslado de los precios del gas en dólares, con tipo de cambio variable, a tarifas en abril del 2018”.
El Ente señaló que, “ante un repudio generalizado de la sociedad, y la promoción de denuncias penales, la salida que encontró la administración del ex presidente Mauricio Macri fue la absorción de esa deuda por parte del Estado nacional, con lo cual pasó a ser asumida por toda la ciudadanía en calidad de contribuyente”.
“El perjuicio económico total, o sea, al fisco y a los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes, asciende a 561 millones de dólares”, subrayó el interventor del Enargas, Federico Bernal.
La denuncia alcanza también al ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos Marcos Pourteau; al ex presidente del Enargas Mauricio Roitman, y a demás integrantes del entonces directorio del Ente.