La «guerra del agua» ha vuelto a abrirse en España, y de nuevo por las aguas del Ebro. Lo novedoso en este caso es que la controversia no la ha provocado un
proyecto de trasvase de aguas al Levante sino a la «España verde», a Santander, en concreto. El Gobierno central ultima el visto bueno para ese pequeño trasvase, pero el Ejecutivo de Aragón dice que no es de recibo y pide a Pedro Sánchez qu eno autorice esa obra: «va en contra del interés de los aragoneses», afirmó hoy con vehemencia el Gobierno de Lambán a través de su portavoz y consejera de Presidencia, Mayte Pérez. El proyecto en cuestión consiste en reconocer un derecho permanente de trasvase de aguas del Ebro a Santander, con un volumen de 5 hectómetros cúbicos al año. Aunque el Ebro nace en Cantabria y su primer tramo surca esa Comunidad, Santander no pertenece territorialmente a la cuenca del Ebro sino a la del Cantábrico. De ahí que llevar aguas del Ebro a Santander sea a todos los efectos un trasvase entre distintas cuencas hidrológicas. Técnicamente -al margen del volumen de agua trasvasada- tiene la misma condición que un trasvas del Ebro al Levante. Desde hace 20 años, el PSOE se había opuesto sistemáticamente a trasvasar aguas del Ebro a otras cuencas hidrológicas. Aunque en el pasado había defendido el trasvase al Levante, cuando lo planteó el Gobierno de José María Aznar (PP) los socialistas desplegaron una intensa campaña en contra. El agua se convirtió abiertamente en munición electoral, que el PSOE rentabilizó especialmente en Aragón, aunque unos años después, en 2010, con los socilaistas en el Gobierno regional y Zapatero en La Moncloa, beneficiaron con un trasvase a las cuencas internas de Cataluña. [Trasvase del Ebro: el gigantesco proyecto que no pasó de ser una piedra] Con el paso de los años, el PP acabó secundando también en Aragón la posición de los partidos de izquierdas en contra del trasvase del Ebro. El rechazo a este tipo de obras pasó a quedar recogido en el propio Estatuto de Autonomía de Aragón que fue pactado con el concurso del PSOE y del PP. Al hilo del espíritu y la letra recogido en ese Estatuto de Autonomía, que sigue vigente, Aragón debe manifestarse siempre que se plantee un proyecto de trasvase de la cuenca del Ebro hacia otros territorios. Y, con carácter general, el criterio es el de oponerse a ese tipo de transferencias hídricas. Ahora la polémica se ha reavivado con el proyecto de trasvase a Santander, que, además, suma un elemento de fricción en el seno del PSOE entre Pedro Sánchez y su «barón» aragonés, Javier Lambán. Ese trasvase a Santander parece decidido, únicamente a falta de un acuerdo formal por parte del Gobierno central que Cantabria da por hecho que se va a producir en los próximos días. Castilla y León, País Vasco, Navarra y Cataluña ya dieron hace días su conformidad a este proyecto de trasvase, pero el Ejecutivo de Lambán ha manifestado su oposición frontal y la ha formalizado este miércoles en un acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno. El Ejecutivo aragonés sostiene que ese trasvase no es jurídicamente permisible, por contemplar una transferencia de agua «permanente». Y, además, asegura que tampoco está justificado. Para avalar su oposición, el Gobierno de Lambán se ha apoyado en cuatro informes oficiales, emitidos por organismos de la Comunidad autónoma: el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, el Instituto Aragonés del Agua, el Consejo Consultivo de Aragón y los servicios jurídicos del Gobierno autónomo. «Todos los informes coinciden en la ausencia de razones objetivas que justifiquen este trasvase», ha asegurado la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno aragonés, Mayte Pérez.
FUENTE DIARIO ABC: