Moncloa ha respondido con cuarenta días de retraso a la petición del PP de recibir una copia de las alertas diarias y semanales que el Departamento de Seguridad Nacional envió al jefe
del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el coronavirus desde finales del pasado mes de noviembre.
Pero la contestación es una negativa a facilitar copia de la documentación solicitada, a pesar de que el Reglamento del Congreso obliga al Ejecutivo a proporcionarla. Presidencia alega que «el volumen y la naturaleza» de la misma le impiden facilitar una copia a la oposición, pese a la existencia de dispositivos de uso común de alta capacidad de almacenamiento y a que los citados ficheros no han recibido la clasificación de materia secreta o reservada. Tras esta negativa, Moncloa adelanta que el director del Departamento de Seguridad Nacional, el general Miguel Ángel Ballesteros, se pondrá en contacto con los populares para indicarles el acceso a esa información.
La llamada ya se ha producido pero la propuesta se ha limitado a que un único diputado popular visite de forma privada, y por tanto confidencial, el Departamento de Seguridad Nacional para ver los citados documentos. El ofrecimiento ha sido realizado por el general Ballesteros al primer firmante de las peticiones de documentación, el diputado popular Juan Antonio Callejas, y excluye a los otros nueve parlamentarios que solicitaron copia de dicha información al mismo tiempo que él. Entre ellos, el secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Adolfo Suárez Illana.
La proposición del director de Departamento de Seguridad Nacional contradice, además, a la respuesta de Moncloa al aludir ésta al elevado «volumen» de los ficheros como impedimento para proporcionar una copia de los mismos a la oposición. Es decir, Presidencia sostiene que la documentación es tan copiosa como para que no pueda ser reproducida, pero Seguridad Nacional considera factible que un único diputado la revise de forma completa durante le transcurso de una visita. Para rematar, la oferta incluye esa limitación de uso privado de la información obtenida lo que impediría su uso público en caso de que el PP encontrara pruebas que confirmaran su sospecha de que Sánchez decidió no tomar medidas frente al coronavirus hasta mediados de marzo pese a conocer de primera mano los riesgos que entrañaba la enfermedad. Los populares rechazan de plano esta oferta y volverán a recurrir en amparo a la Mesa del Congreso.
FUENTE DIARIO ABC: