gobierno argentino desde el pasado 17 de junio, cuando se empantanaron las negociaciones que llevan adelante las partes para reestructurar la deuda.
Así lo expresaron en un comunicado difundido a la prensa, en el que dijeron que existe “falta de compromiso” de parte del gobierno argentino para alcanza un acuerdo.
Uno de los puntos conflictivos de la propuesta son los escollos legales respecto a las cláusulas que tendrían que contener los nuevos bonos.
En particular, el Grupo Ad Hoc realizó pedidos que el ministro de Economía, Martín Guzḿán, dijo que son “imposibles de cumplir” para la Argentina.
Entre ellos, exigieron que la Argentina reestructure la deuda y realice futuras emisiones bajo el paraguas de las cláusulas (CAC) existentes en los bonos emitidos en el canje de 2005, de carácter más restrictivo para el deudor.
También pidieron que en caso de que Argentina incumpla con la revisión macroeconómica en el marco del Artículo 4 del estatuto del FMI, se gatille un evento de default; y que se amplíe la renuncia de inmunidad soberana a otros bienes o entes del sector público, como podrían ser el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Anses, entre otras cuestiones.
Otro grupo de acreedores, conformado por los fondos Fintech y Gramercy, entre otros, dijeron que varios de estos puntos ya fueron resueltos, así como la incorporación de las CAC de nueva generación que promueve la comunidad internacional, que existen en los bonos emitidos a partir de 2016.