Denuncian a Carlos Zannini por otorgarle la pensión a Amado Boudou

pensión de privilegio, de Amado Boudou.

Los legisladores opositores consideraron que la disposición de revocar una resolución de la administración macrista que impedía el cobro de la pensión vitalicia por parte del ex vicepresidente, perjudicó los intereses del Estado. La ANSES habilitó el pago pero no podrá cobrar los retroactivos. El desembolso de la asignación, rondaría los $ 420.000, La causa quedó radicada en el juzgado a cargo de María Servini.

La discusión que se había librado en el ámbito político, desembarcó en los Tribunales de Comodoro Py, donde Carlos Zannini quedó denunciado por los diputados opositores Waldo Wolf, Juan Manuel López, Álvaro De Lamadrid, Jorge Enriquez, Fernando Iglesias, Pablo Torello y Julio Shad.

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En el texto, al que accedió Clarín, pidieron que se investigue la posible comisión de delito por parte del Procurador del Tesoro. La denuncia sostiene que “intencionalmente, el Dr. Carlos Zannini perjudicó los intereses que le fueron confiados, dictaminando de modo contrario a las previsiones legales incorporadas en los Tratados Internacionales de lucha contra la corrupción que nuestro país se comprometió a respetar y expresas normas legales, para favorecer ilegalmente a Amado Boudou​, con quien le une una larga relación personal”.

El 18 de junio, el Procurador del Tesoro revocó la resolución por la cual el Gobierno anterior había decidido no concederle a Amado Boudou el cobro de su pensión vitalicia como ex vicepresidente. La gestión de Mauricio Macri había sostenido que el ex funcionario K no debía cobrar esa pensión al estar condenado por cohecho y negociaciones incompatibles por la adquisición de la ex calcográfica Ciccone.

Durante la gestión anterior a través de una resolución oficial, la ANSES había dictaminado que Boudou no podía cobrar su pensión vitalicia como ex vicepresidente. El organismo previsional había considerado que por la condena que recibió Boudou a cinco años y diez meses de prisión con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el caso Ciccone no estaba en condiciones de recibir ese beneficio que le aseguraría cobrar mensualmente y de por vida unos $ 420.000.

Amado Boudou había pedido, por intermedio de su apoderado, “la revocación por ilegitimidad de la RESOL-2018-1-ANSES- DOCP#ANSES; el reconocimiento del crédito resultante a favor del interesado desde su cese en la función de Vicepresidente, como consecuencia de la invalidez del acto denegatorio del beneficio, y el ofrecimiento de una quita sobre las sumas devengadas”.

En consecuencia, Zannini consideró que era atendible el reclamo y argumentó que la única instancia en la que se debe privar de la pensión vitalicia, es en caso de un juicio político. Por ello entendió que las razones expuestas eran válidas por parte del ex vicepresidente. Señaló que la resolución dictada en fecha 16 de noviembre de 2018 por la Dirección Operativa de Prestaciones Centralizadas de la ANSES, “se apartó de manera palmaria del texto expreso del artículo 29 de la Ley N.° 24.018 al denegar el otorgamiento de la Asignación Mensual Vitalicia solicitada por el ex Vicepresidente de la Nación, licenciado Amado Boudou”.

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A raíz de la decisión de Zannini, la semana pasada, a través de la resolución 230/2020, firmada por Fernanda Raverta, la ANSES resolvió pagar la asignación mensual que les corresponde no solo a Boudou sino también al ex presidente Mauricio Macri, a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y a los ex jueces de la Corte. Pero decidió suspender el pago de las retroactividades “mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria” establecida por la ley de Emergencia, ampliada hasta marzo de 2021 por el DNU 260/20.

Ante este escenario, los diputados de Juntos por el Cambio, indicaron en su denuncia que hubo un “perjuicio intencional a los intereses del Estado Nacional, que al Procurador del Tesoro de la Nación le compete resguardar en tanto titular del cuerpo de Abogados del Estado, por cuanto implica habilitar el pago retroactivo de una pensión graciable vitalicia”.

Por otro lado, indicaron que esa determinación debe estar “sustentada en el honor y el mérito en el ejercicio del cargo a, quien reviste a la fecha el carácter de condenado, a la pena de cinco años y seis meses de prisión, más inhabiliación absoluta perpetua, por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. La pena fue impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 4, el 7 de agosto de 2018 y confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal”, recordaron.