La reducción del IFE ANSES preocupa en las provincias más pobres y temen un “agujero social”

Gustavo Sáenz, un massista con buena imagen, para que gestione ante el Gobierno nacional la continuidad en el distrito del “Ingreso Familiar de Emergencia”, el nombre formal de lo que se conoce como “IFE” -por sus siglas- o “Bono de 10.000” -por el monto que implica-. En los cuatro meses que pasaron desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país, se otorgaron dos tandas a unos 9 millones de beneficiarios. Pero, como adelantó Clarín, la ANSeS, encargada del reparto, ya avisó que la ayuda quedará reducida a los distritos con alta circulación del virus y encendió un alerta en las provincias pobres. Como Salta.

“AMBA y Chaco seguro van a recibir. Falta decidir el resto de las zonas, se están evaluando. Y por ahora es el mismo monto”, respondieron este lunes desde el organismo a Clarín. Una versión, aún no oficializada, es que la ayuda podría aumentar a 12.000 pesos. En ANSeS se preocuparon por aclarar que “el IFE es un bono, no es un programa de gestión, como la AUH, que es permanente”. Saben que el impacto de la reducción hará ruido. Sobre todo porque puede afectar a zonas del Interior con alta vulnerabilidad social. La circulación del Covid se relaciona más con el hacinamiento, por una alta densidad poblacional, que con la pobreza en sí.

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El caso de Salta es paradigmático. Según los últimos datos oficiales, difundidos en marzo de este año pero correspondientes a fines de 2019, la pobreza afectaba allí al 45,5% de la población urbana; aumentó más de 20 puntos en sólo dos años. Y se descuenta que la pandemia más la recesión agudizaron el problema. Una de las medidas paliativas fue el IFE: de acuerdo con los datos que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, difundió en el marco de su visita al Senado, en Salta se repartieron 362.988 bonos por 3.629,88 millones de pesos. “Para que tengas una idea, es lo que gasta la provincia en sueldos para sus empleados públicos en un mes”, explica un ex funcionario provincial. Con su asistencia, la Nación se convierte allí en un Estado paralelo. 

Otro ejemplo incluso más extremo podría ser Catamarca, donde gobierna el peronista Raúl Jalil. Aunque es la única provincia sin casos registrados de coronavirus, tiene 103.504 beneficiarios del IFE. Para fines del año pasado, la pobreza en lo que se conoce como el Gran Catamarca llegaba al 39,7%. Como en el resto del país, no hay razones para pensar que la situación mejoró. A pesar del invicto sanitario.

En Formosa, del inoxidable Gildo Insfrán, ocurre algo parecido. Durante largas semanas no registró contagios de Covid y ahora apenas cuenta decenas. Sin embargo, con 41,7% de pobreza como último dato oficial, tiene 164.052 titulares de IFE. 

¿Qué va a pasar cuando se deje de repartir cerca de la mitad de los bonos? ¿Se va a disparar automáticamente la pobreza? En el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, respondieron que “en esos lugares habrá un refuerzo de asistencia alimentaria y lanzamos el plan Potenciar Trabajo”. Difícil que alcance para compensar en el corto plazo un recorte que afectaría a más de 4 millones de argentinos. Antes de que se confirmara esta noticia, el ministro ya esperaba un deterioro en los índices sociales.

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Una primera conclusión, apresurada, podría ser que en los lugares donde se flexibilice el aislamiento la gente podría recuperar ingresos con la vuelta a la actividad. Pero esto es muy relativo: sólo en abril, primer mes completo de aislamiento, la actividad económica cayó 26,4% respecto al año anterior, que ya venía siendo malo. Salvo rubros muy puntuales, el rebote será lento y aún sin cuarentena la actividad continuará golpeada.

“El daño que provocaría la caída del IFE es enorme”, opina un ex funcionario K, con amplia experiencia en la asistencia social. Y completa: “Yo creo van a mantener la AUH, y todo lo que está dando vueltas, como el IFE y otros planes, lo van a unificar como ingreso universal. Que se va a sumar a la AUH”. La idea de este ingreso universal es una posibilidad que ha dejado trascender el propio Gobierno y que, en un primer cálculo, podría alcanzar a tres millones de hogares pobres. Un agujero profundo que el kirchnerismo (y Alberto Fernández) no querrían ver agrandar.