Después de la denuncia por la compra de lavandina con sobreprecios durante la emergencia sanitaria del Covid19, la gobernadora de Santa Cruz -Alicia Kirchner-, suma una nueva acusación por parte de
la vocal de la oposición en el Tribunal de Cuentas de la provincia, Yanina Gribaudo. Esta vez se cuestiona la adquisición de alimentos por más de 5 millones de pesos, bajo sospechas por “irregularidades en las contrataciones”, “falta de transparencia en los trámites administrativos”, “falta de especificación de las compras hechas”, y “poca claridad en la oferta de precios evaluadas”.
El coronavirus tiene su capítulo en las sospechas por corrupción. El Estado nacional está siendo investigado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por todas las compras realizadas durante la pandemia del Covid19. La sospecha por presuntas irregularidades que “podrían derivar en hechos de corrupción” -señala la causa-, recae sobre 45 organismos gubernamentales.
El primer antecedente fue la causa que ya está radicada en los Tribunales de Comodoro Py donde el ministerio de Desarrollo Social que dirige Daniel Arroyo, está investigado por administración fraudulenta por una compra de alimentos -cuyo escándalo terminó cancelando el contrato- y que le habría costado al erario público 547 millones de pesos. Los sobreprecios detectados rondan el 65%.
La situación se replicó en la provincia de Santa Cruz, donde su gobernadora Alicia Kirchner ya fue denunciada por haber comprado lavandina con sobreprecio.
En aquella ocasión, se denunció se denunció que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia pagó 128,65 el litro de lavandina, que en los supermercados de se encontraban a 62 pesos o menos. Esta sola compra era por 4 mil unidades. Además, se remarcó que la empresa proveedora se había creado tres meses antes de la licitación. Se llama “Emprendimientos NCDV” y fue constituida el 2 de marzo de este año, es decir sin trayectoria en el rubro, previo a la pandemia.
Ahora, la vocal del Tribunal de Cuentas ante la justicia provincial radicó una nueva denuncia contra la gobernadora Kirchner. En el texto al que accedió Clarín, se explicó que se trata de compras realizadas el 5 de mayo a través del Ministerio de Desarrollo provincial, por alimentos en medio de la emergencia sanitaria.
Según el expediente que ingresó al Tribunal de Cuentas y a raíz del cual se radicó la denuncia, la compra por 5.953.678 pesos “no presenta presupuesto para determinar la cifra especificada, por lo que no se analizó el costo de la contratación de acuerdo a las condiciones de plaza”. Para la representante de la oposición, ese hecho “anula el procedimiento” y lo “vicia” en su circuito administrativo.
El trámite tuvo trato preferencial por tratarse de un adquisición en el marco de la pandemia de coronavirus, y la discusión planteada por la vocal de la oposición radica en los procedimientos administrativos y la falta de claridad en los números por los que se concretaron las compras.
Fueron cuatro las empresas que presentaron presupuestos, “y ninguna presenta las formalidades necesarias para la presentación de presupuestos”. De las cuatro propuestas se eligieron dos por contar con “stock y condiciones”, según consta en el expediente administrativo. Así fue como la provincia concedió los fondos necesarios para concretar la compra.
“Se debe determinar una eventual responsabilidad patrimonial y incorrecta, la perniciosa aplicación de fondos públicos y proceder a la apertura de la investigación” sobre el posible “daño al erario público como consecuencia de la violación de la normativa vigente y posible inobservancia de los deberes de funcionario público”, sostiene la denuncia presentada.
Del análisis de las compras efectuadas, la vocal Gribaudo señaló que se observan “un cúmulo de irregularidades que llevan a la conclusión de una contratación viciada en su causa legal y fáctica”. En primer término, se refiere a que no se respetó “el sistema legal de contrataciones vigentes”, lo que habría generado “pagos de importantes sumas de forma irregular”. Se sospecha de una “selección discrecional de los co-contratantes en el inicio de la relación”.
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