Hace una semana, el juez comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores del Grupo Vicentin, restituyó a los dueños de la empresa al de la administración. Esto devino
en una reducción del rol de los interventores designados por el Gobierno a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Este viernes, el Poder Ejecutivo apeló esa resolución. A su vez, los dueños de la cerealera apelaron otra decisión de Lorenzini, respecto a su incompetencia para evaluar la constitucionalidad del decreto de Alberto Fernández.
El Gobierno y el Grupo Vicentin están enfrentados. En el fuero federal porteño, el Banco Nación denunció a los responsables de la firma por defraudación, y en el concurso preventivo de acreedores Alberto Fernández nombró interventores con un DNU. La discusión también abrió un capítulo en el Congreso, donde se aprobó la creación de una comisión bicameral investigadora sobre los créditos bancarios que recibió la cerealera durante la anterior gestión, esos mismo que se analizan en Comodoro Py.
En Reconquista, el concurso preventivo de la empresa se aprobó el 10 de marzo, con 2.638 acreedores de una deuda global de casi 100.000 millones de pesos. Pero ese expediente comercial, ya de por sí con extrema complejidad, ahora también suma otras discusiones que se iniciaron desde el ámbito político y derivaron en una cantidad de recursos que debe resolver el juez Lorenzini.
Este viernes, y tal como se esperaba, el gobierno también apeló la resolución de Lorenzini que devolvió el manejo de Vicentin a sus dueños, controlados por una sindicatura de tres integrantes. El juez deberá evaluar ese pedido, si lo concede pedirá sus fundamentos, y luego lo elevará a la Cámara Comercial de Reconquista.
Pero el combate de fondo, iniciado por los escritos presentados también el viernes tanto por el gobierno como por el Grupo Vicentin, apunta al corazón de la discusión: el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández. Ese decreto -cuestionado por otros acreedores de la cerealera y también por numerosos constitucionalistas- intentó tomar el control del gigante agroexportador con la designación de Gabriel Delgado y Luciano Zarich como interventores.
El Grupo Vicentin ya se manifestó al respecto, y dijo que esa decisión era “ilegítima e inconstitucional”, por lo cual pidió su nulidad ante la Justicia. La empresa sostiene que el DNU cuenta con una “falsa fundamentación”, como así también, muestra una “antijuridicidad a la luz de los requisitos de legalidad constitucional, excepcionalidad y prohibición de arrogarse la función de legislar, por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.
Los dueños de la empresa también cuestionaron las motivaciones puestas de manifiesto en el decreto. Aseguran que “se ha extralimitado el texto constitucional”, y que no “solo invade la órbita constitucional del poder legislativo, sino que también avasalla las funciones del juez concursal, sosteniendo que la “universalidad de situaciones que pueden darse, incluyendo una eventual intervención por las razones que la ley de concursos establece”, se encuentran bajo la órbita de esta Judicatura concursal”.
A raíz de estos argumentos, el Grupo Vicentin pidió que el juez Lorenzini declare inconstitucional el DNU. El viernes pasado, el magistrado aceptó reponer a los dueños de la firma al frente de la administración, pero decidió que su fuero no es competente para resolver el pedido sobre la decisión firmada por el presidente Fernández.
La validez de ese decreto es ahora el centro de la disputa entre Vicentin y el gobierno. Fuentes judiciales confirmaron que este viernes el Grupo apeló la decisión de Lorenzini por la cual consideró que no era competente para expedirse sobre el pedido de inconstitucionalidad.
Tal como corresponde en los procesos comerciales, esa apelación fue presentada ante el mismo magistrado: una vez que él conceda el recurso, la empresa presentará los argumentos de su rechazo a la incompetencia de Lorenzini.
Por otro lado, el Gobierno también se presentó en el expediente, pero para sostener lo opuesto: que el juez Lorenzini tiene razón, y no es competente para resolver si el DNU es inconstitucional. Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que desde la Casa Rosada se pidió que esta discusión se dirima en el fuero contencioso administrativo.
El próximo paso está en manos del juez: una vez que conceda la apelación, las partes reclamantes -Vicentin y el gobierno- plantearán sus respectivos fundamentos. Esos argumentos luego serán comunicados a todas las demás partes intervinientes en el concurso, y sólo entonces la pelota pasará a los pies del tribunal de apelaciones de Lorenzini, la Cámara en lo Civil y Comercial de Reconquista, cuyos jueces decidirán en qué fuero se debe debatir la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia. Este Tribunal sólo tiene a dos de sus tres integrantes, ya que uno se jubiló.
Discusión por la intervención
Otro capítulo en el concurso preventivo es la que refiere a los interventores designados por Alberto Fernández, Delgado y Zarich, que hace una semana Lorenzini redujo al rol de “veedores informantes”.
Según pudo saber Clarín, la defensa de Luciano Zarich pidió que el juez revise esta decisión, considerando que debían cumplir su función como interventores tal como lo había dispuesto el DNU.
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