El juicio que el fondo Buford lleva adelante contra YPF en Estados Unidos por la expropiación de 2012 dio un nuevo paso este viernes con medidas que, de ser
aceptadas por la jueza norteamericana Loretta Preska -que maneja el caso desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York- podría darle a la petrolera argentina al menos un año de tiempo antes de tener que pagar. Se estima que la petrolera deberá desembolsar entre US$ 4.000 millones o US$ 12.000 millones por no haber lanzado una oferta por todas las acciones cuando el Gobierno de Cristina Kirchner adquirió el 51%, como fija el estatuto.
Este viernes ambas partes debían presentar sus argumentos finales luego de que a principio de mes la jueza rechazó el pedido para que el juicio se dirima en Argentina. Y Buford Capital informó que le pedirá a la magistrada una medida de “discovery” amplio por la expropiación de la petrolera, con un cronograma de un año.
El discovery es una suerte de investigación exhaustiva sobre todo el proceso de traspaso de acciones.
“Buford pide el discovery para calcular los daños económicos, entre otros aspectos legales, y pone un cronograma que culmina con el pedido de sentencia, en marzo del año que viene, y el juicio para ver cuánto cobrar, en junio de 2021. Esto quiere decir que no pedirá cobrar hasta junio del año que viene”, explicó Sebastián Maril, de Research for Traders, que sigue el caso.
Argentina hará un pedido de discovery sobre ciertos aspectos legales, una estrategia que le permite seguir demorando el resultado final del juicio y evitar pagar. “Estará enfocado en mostrar la inocencia del país y la petrolera”, sostiene Maril.
Tras la recepción de las presentaciones, la jueza Preska se tomará una semana para decidir si acepta el pedido de discovery argentino o el de Buford. Cualquiera de los dos que acepte, significará la extensión del caso y de un eventual pago por parte de YPF y de la Argentina.
La causa se inició por una demanda de Burford Capital en 2015. Este grupo compró la quiebra de las empresas que tenían una participación de 25% en YPF. Eran las empresas que habían pertenecido a la familia argentina Eskenazi antes de la expropiación.
Con la adquisición de esas firmas, Burford compró el derecho de litigar contra YPF y la Argentina. El juicio no es por la expropiación en sí, sino que es un pedido de compensación porque Burford considera que YPF no cumplió el estatuto, que dice que quien compre la mayoría de la empresa tiene que lanzar una oferta por el 100 % del capital. La participación que tenía la compañía Petersen en YPF era de 25%.
Clarín