En el marco del concurso preventivo de acreedores que lleva adelante el juez en lo civil y comercial, Fabián Lorenzini, nuevos acreedores pidieron que se declare inconstitucional el Decreto de Necesidad
y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández y a través del cual intervino al Grupo Vicentin. La semana pasada el magistrado ya había rechazado la presentación de otros productores privados de granos que habían hecho reclamos similares.
Con el debate político que generó el gobierno al impulsar la intervención de la compañía cerealera que desde el 10 de marzo se encuentra con su concurso preventivo abierto en el juzgado de Reconquista (Santa Fe), son varios los acreedores que van realizando diversas presentaciones reclamando que el DNU presidencial se declare inconstitucional.
En esta ocasión, el representante legal de los acreedores Delfino Carlos Porporato y CIA SRL y Commodities SRL, a través de un escrito -al que accedió Clarín-, pidieron que el juez declare “la inconstitucionalidad e inaplicabilidad” del DNU presidencial, “por el cual se ordenó la intervención transitoria de Vicentin Saic con el fin de garantizar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo, la preservación de sus activos y patrimonio”.
Para estos acreedores -que reclaman una deuda de $ 28.471.831 en el caso de Porporato y $ 2.780 millones Commodities SRL-, la decisión del Gobierno nacional “sin fundamento ni razón legal ni constitucional cuestiona y afecta la propia competencia del juez designando un interventor extrajudicial para que actúe dentro de una persona jurídica privada en concurso”.
En esta misma línea,estos acreedores remarcaron que la decisión del Estado irrumpe en el accionar del Poder Judicial y “desplaza al juez directamente respecto a sus potestades funcionales (designar un interventor) e imperativamente le asigna funciones (recibir un informe del interventor designado) en un marco de actuación exigida que no está en el marco de la ley”.
Por estos argumentos, los acreedores pidieron al juez a cargo del concurso de Vicentin Saic, que declare la inconstitucionalidad del DNU. Hace unos días, ante el mismo reclamo por parte de otro acreedor privado, Juan José Passadore, el juez rechazó el pedido señalando que no tienen margen para tal solicitud ya que no son parte directa del proceso concursal.
Fue el viernes, cuando en una resolución, el magistrado en primera instancia decidió reducir a veedores informantes a los interventores que dispuso el Gobierno, Gabriel Delgado y Luciano Zarich, y repuso a los dueños del Grupo Vicentin frente a la administración de la compañía por un plazo de 60 días.
En ese mismo escrito, Lorenzini se declaró incompetente respecto a un reclamo del grupo empresarial donde habían pedido que se declare inconstitucional el DNU presidencial. De fondo aún están las palabras del presidente Fernández que dijo que si el juez no hacía lugar a la propuesta de Omar Perotti, avanzará en la expropiación.
Este planteo fue reforzado por el secretario de Justicia santafesino, Gabriel Somaglia, quien dijo que si Lorenzini no aprueba el proyecto de la Inspección General de Personas Jurídicas se avanzará con la expropiación. El gobierno provincial pidió nuevamente este martes que se vuelva a intervenir la empresa y se desplace al directorio que repuso el viernes el juez Lorenzini, considerando que era el mejor camino para garantizar el giro comercial de la compañía.
El juez Lorenzini consideró que no es su fuero el más acorde para resolver una cuestión de inconstitucionalidad. Su decisión aún puede ser apelada hasta este viernes por parte de Vicentin.
La asesoría letrada del grupo analiza dos alternativas ante la decisión del juez Lorenzini de declararse incompetente para resolver el pedido de inconstitucionalidad. La compañía tiene la opción de apelar esta determinación, al considerar que Lorenzini es el juez que por inmediatez del caso, para resolver si el DNU que firmó Alberto Fernández es inconstitucional o no.
Por el contrario, Vicentin contempla la posibilidad de convalidar el argumento del juez y llevar el reclamo al fuero federal Contencioso Administrativo. El planteo será el mismo: que el DNU “invade la órbita constitucional del Poder Legislativo y avasalla las funciones del juez concursal”. Por eso, insistirán en la Justicia para que se declara la inconstitucionalidad de la decisión presidencial.
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