Bonos de atención truchos: denuncian a médicos y a un gremio por una presunta maniobra de fraude contra el IOMA

ocho millones de pesos y apuntan a médicos que habrían falsificado bonos de atención y a la Agremiación Médica Platense (AMP) la entidad que se encarga de administrar el contrato entre los casi 5.000 profesionales de la salud y los 330 mil afiliados de la capital bonaerense.

Según pudo confirmar Clarín, IOMA presentó 12 denuncias penales donde se repiten casos de facturación sin contraprestación, con firma de afiliados falsificada o sin documentación de respaldo. En la presentación se detectaron pagos a médicos de diferentes especialidades que nunca atendieron a los pacientes de la obra social estatal.

Uno de los expedientes que llegó a la fiscalía a cargo de María Eugenia Di Lorenzo (UFI 17 de La Plata) detalla la planilla de una psicóloga que, de un total de 432 bonos de atención en un mes (diciembre de 2019), 15 pacientes le dijeron a los inspectores de IOMA que no concurrieron a la consulta médica y 38 afiliados manifestaron no conocerla.

Este método de actuación se reiteró en otros 11 especialistas que atienden en La Plata. Pero en la conducción de la obra social creen que los casos se podrían multiplicar por cientos.

Otra irregularidad denunciada: el cobro indebido por parte de los médicos de “adicionales” por encima de los valores acordados por convenio entre IOMA y las Entidades Prestadoras. Es una práctica extendida que afecta a los asociados. El año pasado se iniciaron 1.000 sumarios por este motivo.

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¿Cuál sería la responsabilidad de la AMP? La liquidación de estos bonos deben ser validadas por esa agremiación para que se le pague al médico. “Si existe facturación sin contraprestación, es un delito“, argumentan en la entidad que preside Homero Giles desde diciembre de 2019, con el inicio de la gestión de Axel Kicillof​ en la provincia. “La denuncia tiene por objeto investigar los ilícitos y determinar si miembros de la AMP han tenido participación”, plantean en IOMA.

El gremio de los médicos regula un convenio que administra casi 130 millones de pesos por mes. Corresponde a todas las prácticas que realizan a los afiliados en consultorios, clínicas e institutos de la capital bonaerense. Para esa tarea, percibe el 8% en concepto de costos de intermediación. Se descuenta de los honorarios médicos.

La entidad también se encarga de negociar el valor de las consultas medicinales. Desde hace meses, el AMP reclama aumento en el valor de la prestación (IOMA paga poco más de 250 pesos por consultar a los médicos que recién ingresaron al sistema, conocidos como “bono A”) y también exige una deuda del año pasado de casi 20 millones de pesos.

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Argumentan que hace ocho meses que está congelado el honorario y que “incumple con el pago” de las liquidaciones que se hacen con retrasos.

“No nos vamos a dejar extorsionar por aprietes judiciales en medio de una negociación”, declararon los líderes de la AMP en una solicitada. También denunciaron que la obra social pretende adquirir sanatorios privados que están en crisis. Y que busca “pamizar el sistema de salud”. O sea: cambiar el régimen actual de libre elección por un mecanismo similar al que atiende a los jubilados, que es por cápita.

La agremiación fue la única entidad del sistema que rechazó el plan de asistencia a las clínicas de la Provincia anunciado por Kicillof hace una semana. El gobierno aportó 400 millones de pesos de los fondos de IOMA como “anticipo” para enfrentar los gastos y la emergencia derivada del Covid-19 que puso en riesgo el funcionamiento de buena parte de las 190 instituciones privadas provinciales.

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Ese adelanto de dinero debe ser destinado al pago de haberes del personal de salud y para garantizar el funcionamiento en medio de la pandemia por la peste del virus asiático. Las clínicas podrán devolverlo en 12 meses, mediante el descuento de una porción del dinero que les tendrá que pagar IOMA (por internaciones, estudios, intervenciones quirúrgicas y otras) cuando termine la emergencia.

IOMA tiene más de dos millones de afiliados entre “cautivos” y “voluntarios”. Es la prestadora de salud de los empleados públicos, docentes, policías y trabajadores municipales de toda la provincia y sus familias.

En los últimos años hubo otras sospechas de estafas contra la entidad. La Justicia investigó una maniobra con prestadoras de servicios domiciliarios en la que habrían defraudado por 650 millones de pesos. Estaban involucrados 18 funcionarios, directivos y empresarios que habría operado entre 2013 y 2015. La instrucción de ese proceso se cerró en 2018, luego de una investigación del fiscal Alvaro Garganta. Todavía no se hizo el juicio oral.

La Plata. Corresponsalía.

DD