Intelectuales y referentes de Derechos Humanos piden “multiplicar el apoyo a la intervención de Vicentin”

empresa y habilitar un proceso de amplia discusión con trabajadores, productores y organizaciones sociales”.

“La derecha, los dueños de agro-negocios y los medios de comunicación concentrados han lanzado una campaña para impedir o neutralizar la intervención de Vicentin y pretenden retomar el rumbo de la extranjerización o desguace de la firma para garantizar la impunidad de los directivos comprometidos con el vaciamiento y la quiebra fraudulenta de la compañía”, advirtieron los intelectuales.

A través de un documento titulado “Urge la necesidad de multiplicar el apoyo a la intervención de Vicentin“, el conjunto de dirigentes llamó a concertar una “gran campaña popular de esclarecimiento contra los engaños que se intentan instalar en la opinión pública”.

Tras el banderazo del último fin de semana en contra de la expropiación, los intelectuales que apoyan la intervención estatal, cargaron contra la empresa en concurso de acreedores. “Es falso que Vicentín sea una empresa privada que desarrollaba sus actividades normalmente hasta que llegó un Estado invasor para expropiarla”, sino que la cerealera “quebró y no paga, y muchas denuncias de contrabando, triangulación, evasión impositiva y empresas off shore evidencian una operatoria delictiva”, argumentaron. 

En la misma línea, los dirigentes plantearon que “con la intervención se puede evitar el vaciamiento de la empresa y habilitar un proceso de amplia discusión con trabajadores directos e indirectos, productores proveedores y las organizaciones sociales vinculados a la actividad de la empresa”.

“El concurso no impide la posibilidad de la intervención y, con ello, asegurar la gestión en el marco del procedimiento concursal y en defensa del patrimonio público afectado por el accionar delictivo de la empresa que llevó a la actual situación de falencia, facilitado por la corrupción desde la actividad pública”, consignó el documento.

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El colectivo afirmó que “los poderosos quieren impedir la intervención o atarla de manos para seguir manejando el concurso de acreedores y, de esa forma, abrir el camino al desguace o extranjerización, incluso la ‘argentinización’ a favor de grupos concentrados”, pese a que -subrayaron- “lo que necesita el país es Vicentín pública, no estatal, con control social”.

“Solo una amplia unidad política del movimiento popular puede generar la condición de posibilidad para la intervención y la transformación de una gran empresa en la perspectiva de la soberanía alimentaria. La intervención urgente de Vicentin resulta preventiva y habilita la posibilidad de discutir el modelo agrario para pensar en términos de soberanía alimentaria”, sigue el documento, en sintonía completa con la manifestación de La Cámpora tras el anuncio de Alberto Fernández respecto a su plan de expropiación.

“Los firmantes nos comprometemos en una campaña que estimule el debate público y la movilización social. Es el paso inicial para intervenir en la discusión del modelo productivo y de desarrollo a favor de la mayoría social empobrecida”, concluyen.

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Entre los firmantes se cuentan el director del Banco Nación Claudio Lozano y la interventora de la AFI Cristina Caamaño; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo; legisladores como Alcira Argumedo y embajadores como Pino Solanas, además de intelectuales como Stella Calloni, Atilio Boron, Sergio Arelovich, Eduardo Grüner, Ezequiel Adamovsky y María del Carmen Verdú, Elsa Drucaroff, Alejandro Horowicz, entre otros. También firmaron los periodistas Alejandro Bercovich, Gabriela Saidón, Silvia Hopenhayn y Lucas Schaerer. 

El 1 de junio, otro grupo de intelectuales, de perfil opositor, criticaron la política sanitaria del Gobierno y sostuvieron que la democracia está en peligro por la continuidad del aislamiento social y obligatorio, proceso que calificaron de “infectadura”.