Un esquema de empresa mixta. Superador. Un modelo aplicado con éxito, según cuentan los funcionarios santafesinos facultados por el gobernador Omar Perotti para trabajar en el tema, en empresas europeas y
de Oceanía. Francia, Dinamarca, Australia o Nueva Zelanda mencionan, entre otros ejemplos.
Un esquema cooperativo que articule capitales privados y públicos. Con mayoría del Estado, pero también con la participación de cooperativas, proveedores y los accionistas actuales de la firma. Todo al mando de una gestión empresaria “adecuada, eficiente y austera”, que permita al mismo tiempo generar recursos, según plantearon sus armadores.
El plan de Perotti incluye, entre otros puntos que ayer comenzaron a hacer circular en el Gobierno, la intervención para avanzar sobre los once integrantes del directorio, pero no sobre los accionistas.
Se trata, en rigor, de la acción de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) que por el momento no termina de expresar claramente cómo será el trabajo de la compañía si el juez aceptara la intervención.
Entre otros puntos impulsados por la IGPJ están:
-La conformación de un órgano de administración, integrado por el interventor propuesto por el Gobierno nacional y por uno de la provincia, que reemplace a los administradores actuales.
-Garantizar la transparencia en la acción de los administradores porque acepta el control de los accionistas, los síndicos y el juez.
-La idea de que el Estado se proponga como un actor para sanear la empresa. Cumplido ese objetivo, y tras elegir nuevos administradores, evaluar cómo continúa dentro del proceso.
-El proyecto entiende que la empresa debe tener nuevos administradores, que son básicamente los acreedores. Indica que son más de 3 mil, entre entes públicos y privados.
Según ese documento “la propiedad no se afecta”. Con ese punto buscarían calmar las protestas que apuntaban contra una avasallamiento contra la propiedad privada. Se lograría por “los once integrantes del directorio” mantendrán “sus acciones”, según el documento.
La intención, que ya estaba esbozada en un escrito presentado al juez Fabián Lorenzini que trabaja en la convocatoria de acreedores de Vicentin, es funcionar en línea con la intervención dispuesta por el Gobierno nacional. Funcionarios de la provincia insisten en que despeja por completo la chance de una expropiación, aunque no queda claro hasta qué punto existirá un control estatal. En la compañía lo ven como un engaño que busca despojarlos de todo (ver aparte).
En lo formal, el Gobierno de Santa Fe ya se movió la semana pasada en el complejo tablero judicial que maneja el juez Lorenzini. A través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) solicitó la conformación de un nuevo Órgano de Intervención.
Propuso para esa tarea Gabriel Delgado en el rol de presidente y a Luciano Zarich como vocal, los hombres designados por Alberto Fernández para avanzar en su idea de controlar a Vicentin. Santa Fe se guardó un espacio para un funcionario propio: Alejandro Bento, a quien pensaron en el rol de vicepresidente.
Bento es un ingeniero químico de la más absoluta confianza de Perotti, un estrecho colaborador que viene trabajando en el tema desde hace varias semanas.
La propuesta de triunvirato elevada por Santa Fe estuvo acompañada de otro pedido: el desplazamiento de los actuales integrantes del directorio que “no resultan idóneos” para conducir la compleja situación.
“Son quienes la condujeron durante el tiempo en que llegó al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del Concurso y que afecta el interés público. A ello cabe agregar que la sociedad se encuentra sospechada de haber cometido delitos durante su gestión”, plantearon desde la IGPJ.
Santa Fe aspira, según su propuesta, a salvar la empresa, preservar los puestos de trabajo y garantizar el pago a los acreedores. Eso en la primera instancia del plan. Luego en generar ganancias con una compañía clave dentro del sector.
En el escrito que descansa en el despacho del juez se explica que la propuesta de intervención propuesta por Perotti “tiene como norte contribuir desde el Estado a la conservación de la empresa”, y habla de “un aporte estatal a la institución, un remedio para la preservación de la persona jurídica y no una sanción”.
El Gobierno de Santa Fe ya estudia alternativas para desembolsar fondos. Debe asumir compromisos e inyectar dinero para impulsar la operatoria de la empresa. De acuerdo a la mirada de la familia Vicentin se trata, ni más ni menos, que de una “intervención light”.
El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, aseguró sobre el proyecto que “va a continuar la sindicatura societaria con las características que posee Vicentin, que tiene una sindicatura que es un órgano de fiscalización interno, es decir, que la propia sociedad se controla a sí misma. Son tres los síndicos de Vicentin, y hay tres síndicos del concurso, además del juez. La administración va a ser transparente y controlada”.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.