El empresario alicantino Enrique Ortiz ha decidido retractarse de su confesión de que había amañado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con ayuda de dos exalcaldes, Luis Díaz Alperi y Sonia
Castedo, a cambio de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación, el pasado 9 de abril, para eludir la prisión. Este cambio en su estrategia de cara al juicio, en una de las 20 piezas separadas del conocido como caso Brugal, según fuentes cercanas al caso, la ha comunicado el promotor este martes. Previsiblemente y según la decisión notificada a la Audiencia Provincial de Alicante, cuando el próximo martes comience el proceso el promotor no ratificará el acuerdo alcanzado con el ministerio fiscal. Hace exactamente dos meses, Ortiz mostraba su conformidad y reconocía su culpabilidad en los supuestos amaños del Plan General de Alicante. En concreto, se hacía responsable del pago de dádivas a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. El acuerdo establecía que el empresario era culpable de un delito de tráfico de influencias, otro de tráfico de funcionario público o autoridad, así como cooperar en un delito de prevaricación. A cambio el investigado debía afrontar una indemnización de 1,6 millones de euros y una pena de 2 años de cárcel, frente a los 8 años que solicitaba inicialmente la Fiscalía. Otros arrepentidos Además de Ortiz también se han retractado su hermano, Virgilio Ortiz, y uno de los empleados que habían admitido haber entregado dinero al exalcalde alicantino a cambio de una pena de 3 meses de cárcel. Por el momento, el promotor Ramón Salvador no se ha retractado del acuerdo alcanzado. La decisión llega apenas dos semanas después de que la Sección Séptima de la Audiencia (con sede en Elche) haya absuelto a las 34 investigados del conocido como Caso Brugal que investiga un presunto amaño en el contrato de basuras en el Ayuntamiento de Orihuela durante la etapa del alcalde ‘popular’ José Manuel Medina. Una decisión judicial que se sustentó en la nulidad de las grabaciones aportadas ya que, según el magistrado, vulneraba los derechos fundamentales de los investigados. El juicio está previsto que comience el 30 de junio en la Audiencia Provincial de Alicante.
FUENTE DIARIO ABC: