Este lunes los directivos de Vicentin regresan a las oficinas de la compañía que hasta el viernes, estuvo a cargo de los interventores que había designado el gobierno a
través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El juez Fabián Lorenzini -a cargo del concurso preventivo de acreedores-, decidió que la administración retorne a manos de los dueños y que la intervención sólo se reduzca un rol de veeduría.
Quedó pendiente la discusión sobre el pedido de inconstitucionalidad del DNU. La empresa insistirá en ese planteo pese a que el magistrado se declaró incompetente. Hay dos alternativas que se analizan.
El 10 de marzo se abrió el concurso preventivo del Grupo Vicentin, donde se reconocieron 2.638 acreedores, y una deuda denunciada por $ 99.345,26 millones. En agosto vence el plazo para la verificación de la misma y será entonces cuando el juez Lorenzini en un plazo de 60 a 90 días determine el pasivo exigible de la compañía.
Lo que parecía ser sólo una negociación para sanear la deuda de la firma en el marco del concurso preventivo en el fuero Civil y Comercial en el juzgado de Reconquista, terminó politizado tras la determinación del Gobierno de expropiar la compañía. Entre marchas y contramarchas, el presidente Alberto Fernández intervinó a Vicentin con un proceso judicial en marcha. La medida se adoptó a través de un DNU, lo que abre otra discusión.
La semana pasada, el Grupo Vicentin reclamó volver a ser el administrador natural de la compañía. El planteo fue aceptado por el juez Lorenzini que restringió el accionar de los interventores dispuestos por el Gobierno, reduciendo rol al de veedores informantes.
Pese a retomar sus funciones como administradores, el Grupo Vicentin tiene dos situaciones aún pendientes. La primera de ella es el pedido del gobernador Omar Perotti que busca que la firma sea un órgano mixto con preponderancia del Estado, y que se desplace al directorio para volver a nombrar a la intervención dispuesta por el DNU. Esta propuesta se hizo a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) que nunca se expidió sobre la situación de la empresa desde que inició el concurso. El juez deberá correrle vista a las tres sindicaturas y a los accionistas antes de resolver.
El asunto en el que insistirá la compañía y cuyos plazos vencen el viernes, es en su pedido de inconstitucionalidad del DNU presidencial. De fondo aún están las palabras del presidente Fernández que dijo que si le juez no hacía lugar a la propuesta de Perotti, avanzará en la expropiación.
Alberto Fernández se reunió en la Quinta de Olivos con Gabriel Delgado. Foto: Twitter.
La asesoría letrada del Grupo analiza dos alternativas ante la decisión del juez Lorenzini de declararse incompetente para resolver el pedido de inconstitucionalidad. Es decir, consideró que él no es el juez que debe dirimir tal planteo. La compañía tiene la opción de apelar esta determinación, al considerar que Lorenzini es el juez que por inmediatez del caso, para resolver si el DNU que firmó Alberto Fernández es inconstitucional o no.
Por el contrario, Vicentin contempla la posibilidad de convalidar el argumento del juez y llevar el reclamo al fuero federal Contencioso Administrativo. El planteo será el mismo: que el DNU “invade la órbita constitucional del Poder Legislativo y avasalla las funciones del juez concursal”. Por eso, insistirán en la Justicia para que se declara la inconstitucionalidad de la decisión presidencial.
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Clarín
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