El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) resolvió posponer hasta los primeros días de julio la reanudación del juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña y Fabián
Rossi, entre otros. Estaba previsto que las audiencias se reiniciaran este miércoles en forma remota, pero ante las dificultades técnicas presentadas en la primera prueba del viernes pasado esta semana se hará otra. El debate oral no reiniciará hasta el 1 de julio.
El juicio por “la ruta del dinero K “iba a retomar sus audiencias este miércoles a las 10. Como todo se realizará de forma online, el viernes pasado se realizó una audiencia virtual de prueba con la plataforma “Jitsi Meet”, mediante el link enviado por la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura.
Primero se conectaron diez intervinientes -abogados defensores, imputados, personal de la Dirección de Tecnología y dos secretarios del Tribunal- y minutos después los jueces del TOF 4, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti. A partir de entonces surgieron varios problemas técnicos: se escuchaban muy mal las indicaciones que realizaba el responsable de la Dirección de Tecnología, hubo que reiniciar la aplicación en dos oportunidades, y una de las juezas quedó fuera de la audiencia por varios minutos. Al comienzo de la prueba, algunas cámara en la aplicación no funcionaron, y otro de los magistrados quedó expulsado de la audiencia durante varios minutos.
Cuando se encontraban conectados alrededor de sesenta intervinientes -la causa que investigó una ruta de blanqueo de 60 millones de dólares cuenta con 24 imputados- “la mayoría de ellos manifestaba constantemente mediante el chat de la aplicación tener problemas con el audio (que se escuchaba entrecortado o directamente no se escuchaba nada), con la imagen (la cual quedaba “congelada”) y que también eran expulsado de la audiencia con inconvenientes para volver a ingresar”.
A estas dificultades se sumó el problema de audio, ya que algunos micrófonos no funcionaban correctamente. “La mayoría de los intervinientes continuaron con numerosos inconvenientes con la plataforma, en tanto se reiniciaba reiteradamente, no se escuchaba a quién hablaba, se congelaban las imágenes y hasta expulsaba de la audiencia a varias partes quiénes posteriormente no podían ingresar nuevamente”, explicó el TOF 4.
La Dirección de Tecnología indicó que los problemas dependían de dos factores: por un lado la conexión particular de cada interviniente, pero también la capacidad del servidor de la plataforma virtual, “el que había fallado en base a la gran cantidad de intervinientes que se conectaron a la audiencia”.
A raíz de esta primera evaluación se solicitó a la DGT una nueva fecha de audiencia de prueba, y los jueces pidieron “que se arbitren los medios necesarios para solucionar los inconvenientes acaecidos”. Los técnicos la fijaron para este miércoles 24, el día en que se pensaba reanudar el juicio.
Por ello, el TOF 4 fijó como nuevo día para que el caso retome las audiencias de forma virtual el 1 de julio a partir de las 10.
El juicio transita sus instancias finales, ya que dos de las querellas -AFIP y UIF- ya plantearon sus alegatos y pidieron 8 y 9 años de condena para Lázaro Báez, respectivamente. Antes de la cuarentena había iniciado su acusación la OA que dirige Felix Crous, que anticipó que pediría una condena para el empresario K y los demás acusados. Con la suspensión de los debates orales, quedó pendiente el tramo final del planteo.
Un punto importante, para la OA, como para las otras dos querellas que pidieron la condena del ex bancario de Santa Cruz -la UIF y la AFIP-, el delito precedente a la causa por lavado de activos se encuentra bajo la lupa judicial en el expediente donde se juzga a Cristina como jefa de la asociación ilícita que habría defraudado al Estado al favorecer al empresario K con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Así, avalaron lo que la Justicia viene sosteniendo: las causas están vinculadas.
En la investigación de “la ruta del dinero K” se tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”, depositados en cuentas cuyos beneficiarios eran los cuatro hijos de Lázaro Báez. En una primera etapa, el contratista había sido procesado por la expatriación del dinero “sucio” y su reingreso al país . Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 1.420 propiedades por U$S 205 millones. Se estima que el empresario K junto a otras 23 personas, lavó U$S 60 millones usando la constructora Austral Construcciones como principal eslabón.
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Clarín
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