Deuda: el Gobierno evalúa negociar sin acuerdos de confidencialidad

Para esta nueva etapa, en la que el Gobierno espera cerrar con un acuerdo y que se logre escapar del default, se evalúa modificar algunas estrategias. 

Hasta ahora, cuando se pusieron sobre la mesa de negociación nuevas propuestas, tanto las elaboradas por el equipo de Martín Guzmán como las de los acreedores privados, las partes firmaron acuerdos de confidencialidad. Los NDA, tal como se los denomina en inglés (por non-disclousure agreement) permitían que estas ofertas se debatieran con la condición de no hacerlas públicas mientras durara el pacto.

En el Gobierno dudan de su efectividad en esta última parte de los intercambios: como estuvieron todas las partes “sentadas” (aunque de manera virtual) a la mesa de negociaciones, interpretan que algunos bonistas fueron más duros por el hecho de mostrarse así ante sus pares de otros fondos, y por lo tanto, la flexibilidad que se consiguió fue menor a la buscada.

Es por eso que para este tramo en marcha, con fecha límite extendida desde el viernes pasado hasta el 24 de julio, evalúan no poner en práctica los NDA y, en cambio, que los agentes intermediarios tomen un rol más activo, según confió una fuente oficial.

En el Gobierno se tomaron más tiempo que en las anteriores extensiones de plazos por varios motivos, agregó. Por un lado, para poder tener más días tanto para terminar de definir la propuesta que se presentaría ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) como para intentar conseguir la mayor adhesión posible por parte de los bonistas.

Pero otra de las razones es mostrar a los acreedores privados de deuda bajo legislación extranjera, por unos US$ 64.800 millones en total, que no hay desesperación por cerrar un acuerdo de manera urgente, sino que la intención es hacerlo dentro de los parámetros que el país considera que hará que la deuda sea sostenible en el tiempo, y que además tiene el aval del Fondo Monetario Internacional.

No obstante, la idea que manejan en los pasillos oficiales es no tirar de la cuerda hasta el último día: son conscientes de que el 30 de julio habrán transcurrido los 30 días de gracia tras el impago del Discount que el próximo 30 de junio se debería afrontar por unos US$ 452 millones bajo legislación internacional. A ese total se agregan casi US$ 100 millones que habría que pagar de intereses del Bono a 100 años que vencen el 28 de este mes.

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Es por eso que la idea sería no llegar al 24 a presentar la nueva oferta, sino hacerlo antes de manera de llegar a ese día, en lo posible, con la situación de la deuda bajo legislación extranjera cerrada.

Es que una vez que se presenta la nueva oferta ante la SEC deben transcurrir 10 días, como mínimo, para que los bonistas respondan si adhieren o no, razón por la cual la formalización sería antes. 

Más allá de las diferencias económicas entre las posturas, lo que consideran inadmisible en el Gobierno (y que de hecho fue criticado por varios analistas en los últimos días) es el pedido de dos de los grupos de acreedores: que los nuevos títulos se rijan por el Indeture (contratos) de 2005, con exigencias más estrictas para conseguir mayorías y escapar del default, tal como solicitaron Ad Hoc (en el que está BlackRock) y Tenedores de Bonos de Canje.

No obstante, las diferencias también en el plano económico existen: mientras que la oferta argentina está en un valor de en torno a los US$ 50, la más cercana de los bonistas (que es la del Comité de Acreedores) se ubica en US$ 53, mientras que la de los otros dos grupos de acreedores es bastante superior, de US$ 60, identificaron en Ecolatina.

Más allá de las diferencias, en los últimos días Alberto Fernández dijo que tenían confianza en encontrar un punto de acuerdo. “Avanza entre tironeos y vamos avanzando. Tenemos confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo. No es fácil. En 2005 estuvimos un año con la negociación. Ahora nos piden resultados en dos o tres meses. Hay que ser un poco menos ansioso y seguir trabajando”, justificó.