De todas las maniobras que han desviado recursos de países latinoamericanos que luchan contra el coronavirus, la conspiración de la bolsa para cadáveres podría ser la más descarada.
El mes pasado, los fiscales en Ecuador anunciaron que habían identificado una red criminal que había colaborado con funcionarios de salud para ganar un contrato de venta de bolsas para cadáveres a hospitales a 13 veces el precio real.
Entonces, uno de los hombres implicados, Daniel Salcedo, huyó de Ecuador en un pequeño avión que se estrelló en Perú. Salcedo ahora se está recuperando bajo custodia policial.
A pesar de que América Latinase ha convertido en un epicentro de la pandemia, los esfuerzos por contener la crisis se han visto socavados por una letanía de escándalos de corrupción. Docenas de funcionarios públicos y empresarios locales están acusados de explotar la crisis para su enriquecimiento personal mediante el tráfico de influencias a hospitales y gobiernos con precios excesivos para obtener suministros médicos, incluidas máscaras, desinfectantes y ventiladores. Parte del equipo era tan defectuoso que se volvió inútil, y puede haber contribuido a una mayor enfermedad y muerte.
“La gente muere en las calles porque el sistema hospitalario se derrumbó”, dijo Diana Salazar, fiscal general de Ecuador. “Para sacar provecho del dolor de los demás, con todas estas personas que están perdiendo a sus seres queridos, es inmoral”.
Las investigaciones sobre fraude han alcanzado los niveles más altos de gobierno. En Bolivia, un ex ministro de Salud está bajo arresto domiciliario en espera de juicio por cargos de corrupción después de que el ministerio pagó a un intermediario millones más que la tarifa vigente por 170 ventiladores, que ni siquiera funcionaban correctamente.
En Brasil, que tiene el segundo mayor número de muertes por coronavirus después de Estados Unidos, y el viernes superó el millón de casos reportados, funcionarios gubernamentales en al menos siete estados están bajo investigación bajo sospecha de malversación de más de 200 millones de dólares en fondos públicos durante la crisis.
En Colombia, el inspector general está investigando informes de que más de 100 donantes de campañas políticas recibieron contratos lucrativos para proporcionar suministros de emergencia durante la pandemia.
El jefe de policía y el ministro del Interior de Perú renunciaron después de que sus subordinados compraron desinfectante diluido y máscaras faciales débiles para policías, que luego comenzaron a morir de infecciones por el virus a tasas alarmantes.
Los fiscales investigan los vínculos entre oficiales de policía y los proveedores para determinar si se confabularon para defraudar al gobierno, según Omar Tello, jefe de investigadores de la fiscalía.
Armillón Escalante, un oficial de policía en Lima, Perú, dijo que él y sus colegas recibieron máscaras y guantes delgados que se rompieron de inmediato. “Realmente no teníamos ninguna protección”, dijo. Escalante se infectó en abril y pasó tres semanas entubado en el hospital. Todavía sufre dolor en los pulmones y falta de aliento cuando habla.
Cuando los fiscales peruanos comenzaron a investigar la compra de equipo de protección este mes, varias cajas de evidencia desaparecieron en la sede de la unidad de investigación en Lima. Los agentes dijeron a las autoridades que varias cámaras de seguridad no funcionaban el día en que desaparecieron. Según el gobierno, más de 11,000 policías en Perú se infectaron y 200 murieron a causa del virus, lo que obligó al país a cerrar algunas estaciones al menos temporalmente para contener brotes.
El coronavirus está probando naciones que estaban luchando con la corrupción mucho antes de enfrentar una emergencia de salud global. Pero la pandemia ha ampliado las oportunidades para que los funcionarios públicos en América Latina saqueen las arcas estatales, dicen los expertos en corrupción. Al declarar un estado de emergencia, varios países suspendieron algunas regulaciones que rigen los contratos públicos, detuvieron las sesiones del Congreso en persona o eliminaron las reglas que les exigían responder a las solicitudes de información de los medios.
“Tienes las condiciones ideales para hacer lo que quieras”, dijo Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Internacional México, un grupo sin fines de lucro anticorrupción. “Hay menos transparencia, menos acceso a la información y cero supervisión del Congreso”, indicó.
Natalie Kitroeff y Mitra Taj. The New York Times
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