Trabajar como técnico de una empresa suministradora de energía como Endesa y acudir a zonas del Polígono Sur para desconectar enganches ilegales se ha convertido en los últimos tiempos en un oficio
de alto riesgo. «En todo momento tienen que ir acompañados por las fuerzas del orden y con el rostro cubierto», detalla una portavoz de la compañía energética. Esas medidas de seguridad no sólo se aplican cuando se detecta un enganche sino que incluso estos operarios tienen que ir escoltados cuando su cometido no es otro que la reparación de una avería. Ésa es una de las consecuencias que ha traído consigo el problema de los enganches ilegales, detrás del cual está el floreciente negocio de las plantaciones de marihuana. Ese jueves se mantenía una nueva reunión a tres bandas en la que participaba la Junta, la compañía Endesa y el Comisionado del Polígono Sur en el que se ha hecho balance de las últimas actuaciones y «se ha mantenido el compromiso de seguir trabajando en la línea que se venía haciendo, con actuaciones coordinadas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la compañía», señalan desde Endesa. En esa colaboración se incluye el cruce de información porque muchas de las plantaciones de marihuana se descubren cuando se detecta un consumo anormal de luz. Según cálculos de la propia compañía, un cultivo de interior, que necesita de luz artificial y aparatos de aire funcionando durante 24 horas, puede llegar a consumir lo mismo que 80 viviendas. Endesa calcula que en el último año ha tenido que invertir cerca de medio de millón de euros (443.000 euros) en mejoras para frenar el problema de los enganches en la zona del Polígono Sur, que es el principal punto negro de Sevilla. El coste final para los consumidores Y desde la compañía recuerdan que estos enganches a la red general no repercute exclusivamente en las empresas suministradoras. En 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio una primera advertencia de cómo este fraude le suponía a los consumidores una factura extra de 150 millones al año. Es decir, que estas instalaciones clandestinas acaban repercutiendo en el coste final de la luz. El comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, presente en la reunión de este jueves, salía satisfecho del encuentro: «Ha sido una reunión muy positiva e importante para nosotros el mantener este encuentro para normalizar la situación del suministro en todos los barrios que conforman el Polígono Sur y terminar con los enganches ilegales». Además de la actividad ilegal, preocupa la seguridad de los bloques donde se producen esos enganches, los cuales suelen producir sobrecargas e incendios de origen eléctrico. Las intervenciones de los bomberos son frecuentes en fincas de la barriada Martínez Montañés. Entre 2019 y 2020 Endesa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado 25 actuaciones en el Polígono Sur para desactivar estos enganches ilegales. Pero a día de hoy, este trabajo policial no consigue ponerle freno a una actividad que va en aumento y que ya está en manos de bandas organizadas que se dedican a la producción industrial de marihuana para su posterior distribución por Europa. Muchas de las viviendas sociales de las Tres Mil Viviendas están en manos de estos grupos organizados que las han ocupado o han conseguido expulsar a sus inquilinos mediante presiones.
FUENTE DIARIO ABC: