Detalló que durante la cuarentena sanitaria solo se dejó de leer medidores en el mes de abril, por lo que se recurrió al promedio. En los meses de
Ante este escenario, refirió que para mayo ya tenían las cifras de los consumos reales y a la fecha ya están con las “lecturas al 100%”.
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Expresó su preocupación por el descalce financiero que esto podría ocasionar a la Essap, el cual estimó sería en el orden de unos G. 100.000 millones.
“A la Essap le afecta esto gravemente en lo financiero, porque ya no hay nada que corregir. Al leerse al siguiente mes ya se hizo el ajuste a la realidad”, señaló.
Chase dijo que, básicamente, deberán anular las facturas de abril y mayo, acreditar ese monto a la cuenta de los usuarios, volver a emitir factura y dividirlo en 18 meses.
Es decir, la empresa tendrá una caída en su recaudación equivalente a las 18 cuotas en las que deben ser refinanciadas.
“No sabemos de dónde va a salir el recurso para nuestro sustento. La ley tampoco prevé de dónde se saca”, criticó el titular del ente.
El proyecto señala que queda terminantemente prohibido emitir factura sin que se haya realizado la lectura pertinente del medidor del usuario, siendo responsables administrativa, civil y penalmente la institución y las máximas autoridades de cada entidad por los daños que pudiera ocasionar la contravención a esta norma.
Además, se establece que los pagos de facturas ya realizados con anterioridad a esta ley serán descontados automáticamente de las facturas emitidas posteriormente.
La Essap había exonerado por tres meses las facturas de aquellos usuarios cuyo consumo no superaron los G. 50.000.
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Para aquellos que no puedan pagar el servicio en el mismo lapso se dio la opción de financiar su deuda desde el mes de julio, hasta en 18 cuotas sin recargos ni intereses.
La disposición de la institución se dio en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria 6525/2020 promulgada por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la crisis sanitaria por el brote del coronavirus en el país.