
Los dirigentes de la Mesa de Enlace del campo están dispuestos a que Vicentin sea gestionada por un esquema cooperativo, y en ese sentido apoyarían un proyecto del diputado Raúl García de
Luca, del macrismo moderado liderado por Rogelio Frigerio y Emilio Monzó.
“Es un proyecto que vemos que incluye puntos centrales de nuestra posición. Valoramos la derogación del DNU que propone intervención y expropiación, el regreso de la cuestión a la órbita de la Justicia y la búsqueda de una solución para la empresa que proteja a los acreedores”, dijo Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina.
En el mismo sentido opinó Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA): “A cualquier proyecto que aparezca evitando la expropiación, CRA va a preferirlo. Es un problema entre privados, está interviniendo la Justicia y hay que respetar los procesos constitucionales”.
Se descuenta que también apoyarán estas ideas tanto Coninagro, que es una confederación de cooperativas agropecuarias, y la Federación Agraria Argentina, que no sólo impulsa desde siempre el trabajo asociativo de pequeños y medianos productores agropecuarios, sino que fue la cuna de AFA, la mayor cooperativa de primer grado del país. Con lo cual, las 4 entidades de la Mesa de Enlace verían con buenos ojos una salida por este camino a la crisis de Vicentin.
El proyecto de García de Luca propone que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Agricultores Federados Argentinos compartan la condición de Administrador, prevista en el artículo 17 de la ley de Concursos y Quiebras, en el marco de un “gerenciamiento participativo”, por “porcentaje de acreencias y principalmente conocimiento en la materia”.
A su vez, la referida iniciativa plantea desdoblar la gerencia general en dos funciones. Por un lado, habría una abocada a la Producción. Tendría como “objetivo primordial la puesta en marcha, con carácter inmediato de la empresa, en cuya cabeza se propone a la ACA y AFA, entidades que “deberán velar por el pago inmediato de las deudas contraídas por Vicentin S.A.I.C., a aquellos pequeños productores que gozan de privilegio por encontrarse sus contratos en curso de ejecución, y que frente a la falta de pago podrían ver seriamente afectada su continuidad empresarial bajo el principio de continuidad (conforme el artículo 20 de la Ley de Concursos y Quiebras)”.
A su vez, la otra gerencia se dedicaría a la “Reestructuración del Capital Social”. En este caso, la meta es “buscar nuevos inversores de prestigio, dando prioridad a inversores nacionales, que estén dispuesto a sanear las cuentas, proponiendo cambios en el directorio y management, analizando la posibilidad de la creación de fideicomisos o cualquier otro mecanismo financiero que fuera necesario para garantizar el funcionamiento a futuro de la empresa”.
Con todo, el eje jurídico de la propuesta de García de Luca es “respetar el proceso concursal y evitar así que se vean violentadas las garantías constitucionales”, y que todas las medidas sugeridas sean adoptadas por el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.
En ese sentido, este jueves desde CRA se criticó “el avasallamiento de derechos dispuesto por el Gobierno Nacional, que por decreto de necesidad y urgencia, dispuso invadir la esfera judicial de un concurso de acreedores y apoderarse del manejo de una empresa centenaria, interviniéndola sin seguir los términos procesales vigentes”.
Y Pelegrina advirtió que “más allá de estos aspectos que consideramos correctos”, el proyecto de García de Luca “debe ser enmarcado dentro de una estrategia parlamentaria global que evite culminar en una expropiación u otro tipo de medidas contrarias a la Constitución y las leyes”.
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