
En el marco del concurso preventivo del Grupo Vicentin, que lleva adelante el juez en lo civil y comercial Fabián Lorenzini, se presentó uno de los acreedores proveedores de
granos pidiendo que se impugne el decreto presidencial que avaló la intervención de la compañía, como también la inconstitucionalidad de la acción. Se reclamó ante el magistrado “igualdad de trato a los acreedores”.
Se trata de José Passadore uno de los acreedores reconocidos por la firma que a su vez avanzará en otra presentación con una de sus sociedades.
A comienzos de marzo del año en curso, el juez de Reconquista, Santa Fe, Fabián Lorenzini, aprobó el concurso preventivo del Grupo Vicentin, que la empresa pidió el pasado 10 de febrero, después de anunciar en diciembre, la cesación de pagos de sus compromisos por “stress financiero”.
El juez del concurso aceptó 2638 acreedores, que representan una cifra de más de $ 99.345,26 millones. El Grupo Vicentin en dicho contexto reconoció un total de 1287 empleados.
En medio del debate político por la decisión del Gobierno de intervenir a la compañía y enviar un proyecto de ley para su expropiación, este martes se presentó ante el juez Lorenzini uno de los acreedores que a su vez es socio de una firma proveedora de granos también admitida como una de las acreedoras de Vicentin.
Fuentes judiciales confiaron a Clarín, que José Passadero pidió ante el Juez del Concurso de Vicentín que se dé un trato igualitario a todos los acreedores. Quienes lo asesoran señalaron que “con la medida impulsada por el Gobierno se defienden principalmente los intereses del Banco Nación y de la AFIP”. Por tal motivo, se reclamó “el principio de igualdad” de la extensa lista de firmas a las que Vicentin le adeuda sumas millonarias.
En el escrito presentado en el juzgado comercial, se solicitó que se “pusiera orden en el proceso preservando por sobre todo a la empresa, la propiedad privada, el debido proceso” y que se declare la “inconstitucionalidad del accionar del Poder Ejecutivo que pretendía imponer un interventor y el apartamiento de los directivos de la empresa”
Asimismo, invocando la igualdad entre los acreedores en el proceso concursal se requirió que se declare la nulidad del DNU 522/2020, “dejando sin efecto esa intervención que violaba en forma flagrante las normas que regulan el concurso y la Constitución Nacional que claramente lo facultan al Juez para decidir sobre este tipo de medidas y le prohíbe al Poder Ejecutivo…“ ejercer funciones judiciales”,
El Banco Nación es el principal acreedor del Grupo Vicentin, con un crédito de $ 18.500 millones que además, se investiga en los Tribunales de Comodoro Py, donde se busca determinar si la ayuda crediticia durante el gobierno de Mauricio Macri, respondió a una acción de administración fraudulenta.
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