En nota dirigida al presidente de la comisión de Industria y Comercio, Turismo y Cooperativismo de Diputados Ángel Mariano Paniagua, la titular del MIC, Liz Cramer, sentó postura
El Senado aprobó la reforma del artículo 2º de la ley y estableció el aumento del 20 al 40 el porcentaje fijo de privilegio en las compras públicas a favor de productos y servicios de origen nacional.
Esta iniciativa generó un enfrentamiento entre la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP). El primero apoya y realiza una campaña a favor, mientras los importadores lo consideran un despropósito y piden su rechazo.
Cramer señala en la referida nota que celebran las acciones de apoyo a las industrias nacionales. No obstante, en este caso particular, recomienda hacer más eficientes los procesos de compras públicas, identificando los sectores que necesitan de mayores márgenes y aquellos que son competitivos, de modo a potenciar a los que necesitan un mayor apoyo; es decir que los márgenes sean según rubro”.
Propone, igualmente, que el margen de preferencia nacional sea “del 20 hasta el 40%” y en la reglamentación de la ley participen activamente la DNCP, la Conacom, el MIC y alguna otra entidad pública o privada para asegurarse de contar con un procedimiento que garantice transparencia, evite prácticas anticompetitivas (monopolios, oligopolio, etc.) y sea operativamente eficiente, tanto para las entidades del Estado como para los oferentes.
Asimismo, el MIC pide que la normativa haga énfasis en la participación de mipymes formalizadas, además de solicitar a la Cancillería sobre la temporalidad de aplicación de la medida, teniendo en cuenta negociaciones ya cerradas pero que aún no entran en vigor y normativas internacionales en general, para salvaguardar y no poner en riesgo a la propia industria nacional, que también ya exporta y que debe promover aún más su ingreso y penetración en más y mejores mercados.
Recomienda, finalmente, que la legislación tenga en cuenta la “factibilidad de incluir una porción de productos y servicios, intermedios o finales de origen nacional en licitaciones internacionales en todas las modalidades de contrato y fuentes de financiamiento, siempre que en el estudio socioeconómico (comparación de sustentabilidad), resulte beneficioso para el país”.