El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso en contra de ERC que los «actos de discriminación» de corte racista en el ámbito institucional, en particular el
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son «algo anecdótico». Lo ha hecho después de que la diputada republicana Marta Rosique hablara de «un racismo estructural» en el Estado español y dentro de él, en la órbita «de la seguridad pública y privada». Al hilo de los disturbios desatados en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, esta semana se escuchaban en nuestro país audios que documentan la presunta agresión de mossos a un joven al que insultaron llamándole «negro de mierda, hijo de puta«. No se ha hecho referencia a esta grabación en la sesión de control que se celebra en la Cámara Baja, donde en todo caso el titular del Interior ha rechazado que se «generalice» tildando a las policías de racistas, aunque solo ha mencionado expresamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. «Si algo defiendo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de su profesionalidad para garantizar a la ciudadanía el libre ejercicio de sus derechos y libertades en atención a sus principios de neutralidad, profesionalidad e igualdad de trato», ha dicho. Luego ha tocado a Marlaska defenderse a sí mismo, porque tres semanas y un día después de que destituyera al coronel de la Benemérita Diego Pérez de los Cobos, el ministro ha sido acusado por Vox de haber «iniciado un asalto a la Guardia Civil» dentro de un plan mayor, que conduciría a «dinamitar el Estado de Derecho, paso previo para liquidar la Constitución, liquidar la Monarquía y llevar a cabo un cambio de régimen». «Por eso necesitan otra Guardia Civil», ha reprochado el diputado Fernando Gil-Lázaro, para quien el Ejecutivo persigue «una policía política de corte bolivariano, como él gustaría a Pablo Iglesias». En contra de esta lógica, Grande-Marlaska que el Instituto Armado representa «la lealtad al Estado de Derecho, la neutralidad política y la objetividad», y que al margen de lo que diga «un partido de ultraderecha», el Gobierno sigue trabajando para dotar 12.000 plazas en la Guardia Civil que se dejaron vacías en la anterior legislatura y mejorando las infraestructuras del Cuerpo.
FUENTE DIARIO ABC: