Recién ahora, el Banco Nación abrió un sumario administrativo por los créditos a Vicentin

investigar internamente los controvertidos créditos al grupo Vicentin. Sólo lo hizo ahora, luego de que se lo pidiera la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) lo solicitó. Esa fiscalía especializada se constituyó como querellante en el sumario.

Previo al inicio de la pandemia y con la causa ya radicada en los Tribunales de Comodoro Py, la PIA dirigida por el fiscal nacional Sergio Rodríguez ordenó al Banco Nación que inicie el respectivo sumario administrativo para “determinar la posible existencia de irregularidades y quiénes podrían haber sido los responsables en tal caso”, explicaron fuentes del caso a Clarín.

El pedido formal de hecho, se realizó el 27 de enero para que el Banco Nación avance en las investigaciones internas correspondientes. Fue hace diez días que se formalizaron según se notificó a la PIA. ​

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El requerimiento de la PIA se produjo después que el fiscal penal Gerardo Pollicita abrió la investigación por presunta defraudación en los créditos que la gestión de Mauricio Macri concedió al Grupo Vicentin. La Procuraduría tiene competencia en aquellos delitos e irregularidades administrativas que pudieran afectar al Estado.

Cerca de tres meses después, el Banco Nación informó que se iniciaron las actuaciones administrativas para determinar si efectivamente -como denunciaron las actuales autoridades- se cometieron irregularidades en la adjudicación de créditos a la empresa Vicentin, hoy en medio de la polémica por el anuncio del Gobierno de avanzar sobre su expropiación. La PIA se constituyó como parte acusadora en ese sumario

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Mientras, en la justicia federal, el fiscal Gerardo Pollicita sistematizó la documentación sobre 300 créditos que habría obtenido la cerealera, que había recibido la semana pasada.

La investigación busca determinar cómo se otorgaron los créditos del Banco Nación al grupo empresarial, y si esas entregas de dinero perjudicaron al Estado de modo fraudulento. Esta causa inició con una denuncia presentada el 30 de enero, con información elaborada por uno de los directores del Nación, Claudio Lozano, quien analizó la situación económica de la firma Vicentin y los préstamos otorgados entre agosto y diciembre de 2019, cuando anunció públicamente que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.

En febrero, el fiscal Pollicita imputó ex titular del Banco de la Nación, Javier González Fraga, y a los responsables de Vicentin, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli por el delito de presunta administración fraudulenta.

Bajo investigación, está la deuda de la empresa con el banco es de 18.500 millones de pesos, “los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”, sostenía la imputación de Pollicita.

Tras una batería de medidas requeridas por el fiscal, el viernes pasado, el juez Julián Ercolini ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal respecto de la empresa desde el año 2015 hasta la actualidad, para conocer en detalle sus movimientos financieros.

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Casi en simultáneo con el anuncio de la expropiación, la semana pasada ingresaron a la fiscalía 73 mails y más de 300 archivos con información provista por el Banco Nación y Vicentin, que se están organizando. 

En paralelo, aún está bajo análisis el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de constituirse como querellante en la causa penal, al considerar que frente a las presuntas maniobras de defraudación y una posible insolvencia ficticia del grupo empresarial podrían existir maniobras de lavado de dinero.