Este viernes vuelve a vencer el plazo de la oferta de canje de deuda bajo legislación extranjera que el Gobierno presentó el 22 de abril y que fue cuatro veces extendida.
El mercado está a la expectativa de cuándo se oficializará la nueva propuesta desde la Argentina para los bonistas. En el Gobierno consideran que, tras las contrapropuestas presentadas por algunos acreedores privados (que se conocieron el lunes en la prensa), aún hay una distancia considerable.
Este martes por la tarde, a las 18:30, expiran los acuerdos de confidencialidad (que se conocen como los NDA, non-disclousure agreements en inglés). La expectativa es que con las diferencias entre los bonistas y el Gobierno este pacto se extienda y se busque avanzar con las negociaciones, pero todavía sin la nueva oferta de la Argentina oficializada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
Es decir que la mencionada “enmienda” se plantearía más adelante, por ahora, con la fecha de este viernes 19 de junio como límite.
La agencia de noticias Bloomberg reveló a última hora del lunes que dos de los principales grupos de acreedores privados acercaron una nueva propuesta al ministro Martín Guzmán.
Si bien achicaron sus pretensiones, y ahora estarían dispuestos a perder un valor presente neto del 44% al 46%, por lo que la oferta vale entre 54 y 56 dólares, todavía habría unos cinco puntos de diferencia con el Gobierno, una distancia aún considerable, consideran en los pasillos oficiales.
Cada punto de diferencia, calculan en el Gobierno, implican unos US$ 1.400 millones, una cifra que implicaría sobrepasar el límite considerable que respalda el Fondo Monetario Internacional, dentro de los parámetros de sostenibilidad de la deuda argentina, objetivo que obsesiona a Guzmán.
El ministro se reunió en los últimos días con Alberto Fernández para afinar los detalles de la propuesta. La consigna principal es la de buscar una solución “de fondo”, con la intención de no volver a caer en una necesidad de reestructurar la deuda argentina en cinco años.
La contraoferta presentada por los grupos Ad Hoc y el de Tenedores de Bonos de Canje, además, difiere de la oficial también en el pedido de que el cupón que se sume en la oferta sea ligado al crecimiento del Producto Bruto Interno argentino, revisado por el FMI. Este pedido es el mismo que ya habían hecho semanas atrás desde los bonistas.
En el entorno de Guzmán, en cambio, plantean la necesidad de que el “endulzante” que mejoraría la oferta argentina sería un cupón atado a las exportaciones argentinas. En el mercado calculan que, si se suma este instrumento, el valor de la oferta subiría a 52 dólares de valor presente neto.
La idea es tomar un período de cinco años de exportaciones, hacer un promedio móvil y, cuando se exporte por arriba de lo definido, gatillar el pago. Aún restaba definir qué cinco años se iban a tomar y desde qué año se pagaría. “Podría arrancar, por ejemplo, sobre el nivel 2015-2019, que ya es conocido y serían unos US$ 60.000 millones”, explicó una fuente oficial, y agregó que “el tema es el nivel de cupón extra y desde qué año se paga”.
Guzmán retuiteó el domingo por la noche una entrevista hecha a alguien de su equipo en la que se menciona esta posibilidad. Se trata de declaraciones de Facundo Morra, subsecretario de Programación Macroeconómica y además una de las personas que está en el equipo de renegociación de la deuda.
De acuerdo a lo dicho al diario Perfil, Morra mencionó que vincular pagos a exportaciones “manifiesta una actitud de política económica que entiende el carácter central del comercio exterior y la necesidad de incrementar nuestra producción de bienes y servicios en el comercio internacional”.
En una entrevista publicada el lunes en el diario brasileño Folha de Sao Paulo, Guzmán dijo que “ningún acreedor declaró formalmente que Argentina está en default”, por lo que se mantiene la negociación.
La deuda en juego en esta etapa de renegociación implica títulos por un total de US$ 64.000 millones bajo legislación extranjera. Una vez finalizada esta etapa, vendrían otras dos: los vencimientos en dólares pero bajo legislación local (que fueron reperfilados hasta fin de año, pero que Guzmán prometió que tendrían “igual tratamiento” que los ley extranjera) y la parte de las obligaciones a afrontar con el FMI.
Al FMI se adeudan US$ 49.000 millones, que surgen de sumar los desembolsos por US$ 44.000 millones recibidos en 13 meses durante el gobierno de Mauricio Macri, más los intereses. Los pagos más relevantes son entre 2021 y 2024.
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