Los casi 20 diputados colorados y llanistas que intentaron frenar la publicación de sus declaraciones juradas demostraron un “claro apriete político” hacia los ministros de la Corte Suprema de Justicia, según evaluó el presidente de IDEA, Ezequiel Santagada. Incluso, aseguró que fue un “atropello institucional”.
Una veintena de diputados cartistas, abdistas y llanistas intentaron frenar la decisión de la Corte Suprema de hacer públicas las declaraciones juradas. Votaron por la despenalización del falseamiento de esos documentos y después quisieron recusar a toda la máxima instancia.
“Hay que celebrar la entereza que tuvo la Corte, porque de entrada tocaron esto y dijeron: ‘De ninguna manera’. Pero detrás de esto hay una apretada política”, cuestionó Santagada sobre la recusación a todos los miembros de la Sala Constitucional ampliada presentada por los diputados colorados y liberales llanistas, en un intento por frenar la publicación de las declaraciones judiciales.
Diésel es el nuevo ministro de la corte
Por decreto, el Presidente de la República eligió a César Diésel, como candidato a la Corte Suprema de Justicia. Esta fue una propuesta de la Cámara de Senadores. Diesel podría reemplazar en el cargo a Miryam Peña. Muchos aseguran que esto fue gracias a un pacto abdocartollanista.
“Este fue un plan orquestado donde la aprobación en Diputados, era parte de un acto y el otro era la apretada a la Corte, presentándose con nombres y apellidos. Es imposible que no sea leído de esta manera (…) Cuando de atropellada se presenta un núcleo muy importante de diputados que han venido desplegando una actitud en contra de la transparencia de manera sistemática, el mensaje es clarísimo”, cuestionó el abogado del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
Santagada hizo énfasis en la necesidad de “advertir sobre esta situación”, que -según él- es un “atropello institucional”.
Por otra parte, dijo que son positivas las previsiones respecto a la aprobación en el Senado del veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que despenaliza las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y las convierte en un “error administrativo”. Sin embargo, indicó que “hay que estar atentos”, considerando la actuación de los parlamentarios colorados, que en muchas ocasiones han intentado ponerle “el palo a la rueda”.
El abogado cuestionó todo el actuar de los parlamentarios y recordó que el proyecto de ley partió de Senadores y originalmente daba publicidad a las declaraciones juradas. Sin embargo, en Diputados emitieron fugazmente un dictamen y lo modificaron agregando la despenalización de las declaraciones falsas. “Lo metieron en el orden del día a toda bala y lo aprobaron sin ningún tipo de discusión, de atropellada. Para asegurar el plan se presentaron ante la Corte”, agregó.
Fuente ABC