Mediante una jugada para adelantarse a la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Diputados, especialmente colorados y liberales, sancionó el texto el pasado miércoles, que además
Con esta nueva norma, los datos falsos que sean hallados en las declaraciones sobre los bienes de todos los funcionarios, incluyendo altas autoridades, serán considerados errores administrativos y, por tanto, quedan despenalizados.
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La propuesta de ley también contemplaba que las declaraciones juradas solamente se podrán publicar con una orden judicial.
Por otro lado, establece que las empresas o personas jurídicas proveedoras del Estado también deberán rendir cuentas de su patrimonio ante la Contraloría General de la República.
Los opositores consideraron el proyecto como una violación al artículo 104 de la Constitución, sobre las declaraciones juradas.
La Corte Suprema de Justicia debe resolver si las declaraciones juradas de funcionarios estatales son o no públicas. La sentencia definitiva debe definirse esta semana, según anunciaron los ministros de la máxima instancia.