De entrada hubo una reacción de rechazo que unificó a los diferentes sectores de Juntos por el Cambio. La coalición opositora salió fuerte de inmediato con un comunicado en el que
consideró la intervención y estatización de Vicentin como una medida “peligrosa, ilegal e inconstitucional”, y referentes tanto de la llamada ala dura como los que venían evitando confrontar cuestionaron el anuncio de Alberto Fernández con declaraciones y expresiones en redes sociales. Con el correr de los días aparecieron los matices.
“Deróguese el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso la intervención de la empresa Vicentin, en todos sus términos”, propuso en un único artículo -el otro es de forma- David Schlereth en un proyecto de ley tan breve como contundente que presentó en el Congreso, acompañado por la firma de otros diputados del PRO. Pero aun con esa dureza en la redacción, la iniciativa baja un cambio en el nivel de confrontación comparada con la denuncia penal contra Alberto Fernández impulsada por algunos de sus compañeros de bloque.
“Dada la gravedad institucional que ha causado la sanción del DNU N° 522/2020 que tiene por objeto la realización de una intervención manifiestamente irregular e inconstitucional de la empresa Vicentin, atento la inexistencia de presupuestos habilitantes fundados en verdaderas circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir el trámite ordinario previsto por la Constitución para la sanción de las leyes, no dudamos en sostener la nulidad absoluta e insanable del mismo”, aseguró el diputado en los fundamentos, en los que remitió a las expropiaciones de Ciccone y Repsol, con el acompañamiento de Gustavo Hein, Eduardo Cáceres, Juan Aicega, Federico Frigerio, Marcelo Orrego, José Luis Patiño y Francisco Sánchez.
Se trata del grupo referenciado en Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, los ex funcionarios que venían expresando una posición conciliadora con el Gobierno con la intención de “dejar atrás” la llamada grieta y llevar a Juntos por el Cambio a una posición de centro, alejada del extremo más confrontativo. También se sumaron otros legisladores con discursos más críticos, como Graciela Ocaña, Alberto Asseff y Fernando Iglesias.
Acaso imperceptible para buena parte de la población, desde ese sector buscaron marcar la diferencia hacia adentro de Juntos por el Cambio. “No es lo mismo un proyecto para derogar el DNU que una denuncia penal al Presidente”, tomaron distancia de la presentación de Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Alvaro de Lamadrid y Marcela Campagnoli, entre otros legisladores, contra Alberto Fernández por el presunto delito de abuso de autoridad. “La propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Las normas de esa naturaleza son insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria”, habían expuesto entre los fundamentos de la denuncia.
PDL
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