Cuáles son los pasos judiciales que intenta saltearse el gobierno para quedarse con Vicentin

evitar que una empresa con problemas económicos quiebre. Ahora el gobierno trata de saltarse los pasos legales y tomar posesión de la compañía santafesina a través de una intervención primero y una expropiación más adelante, si es que ese proyecto de ley es aprobado en el Congreso.

Pese al decreto 552 que puso en marcha la intervención por parte del gobierno nacional, desde el poder judicial de Santa Fe aseguran que “el concurso continúa” y que el Ejecutivo “debió esperar a que está etapa terminara” para evaluar si correspondía tomar alguna acción.

Mirá también

Mirá también

Quiénes son los acreedores de Vicentin: bancos, el fisco, accionistas y miles de productores de la “pampa gringa”

Vicentin tiene 2.638 acreedores. El 64% del monto total de su pasivo son deudas con bancos, con el Nación a la cabeza. Pero también mantiene facturas impagas con 1.895 productores que le vendieron su cosecha y aún no cobraron. Eso explica en parte las protestas masivas que hubo anoche en Reconquista cuando los funcionarios a cargo de la intervención desembarcaron en la ciudad.

En diciembre de 2019, unos días antes del cambio de gobierno, la empresa se declaró en estado de “stress financiero“. El concurso preventivo fue solicitado por Vicentin en febrero y recayó en en el juzgado civil y comercial 2 de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini.

El objetivo de un concurso preventivo es permitir que la empresa siga funcionando pese a que no puede pagar las deudas. Mientras este mecanismo esté vigente, los acreedores no pueden ejecutar los bienes y se abre una negociación para pactar nuevas condiciones de pago.

Hay dos tipos de acreedores, los comunes y los privilegiados, que son quienes tienen preferencia sobre los demás para cobrar sus créditos. En este lote se anotan los bancos, organismos públicos como la AFIP o Rentas, y un poco más atrás, los trabajadores. Los proveedores serían los últimos en cobrar.

Dentro de este proceso puede acordarse con el juzgado la venta de parte de la empresa para usar esos fondos para saldar las deudas. O bien presentar alternativas de pago con mayores plazos y quitas. Si no se cumplieran las condiciones pactadas en el concurso o no se llegara a un acuerdo, la empresa podría ir a la quiebra a pedido de los acreedores.

En el caso de Vicentin había negociaciones en marcha y el juez había fijado un plazo de extensión del concurso hasta el 7 de julio de 2021. 

Mirá también

Mirá también

Para los juristas la intervención en Vicentin viola la división de poderes

En todos los concursos el juez a cargo debe nombrar a un síndico que es quien supervisa las acciones que lleva adelante la empresa para corroborar que cumplan con las condiciones establecidas. En el caso de Vicentin los síndicos son Ernesto García, Carlos Amut y Diego Telesco y el estudio Baravalle & Granados.

En caso de considerarlo necesario, el juez podría apartar a los directivos de la empresa y disponer la intervención de la compañía. Este es el punto clave en el caso Vicentin ya que la intervención fue dispuesta por el Poder Ejecutivo y no por el judicial, lo que para los juristas pone en jaque la división de poderes.

Según publicó el diario El Litoral, el vocero de la sindicatura, Roberto Baravalle, aseguró que “el concurso continúa”.  “Si el Estado tenía intenciones de participar en Vicentin debió haber esperado que la empresa solucione su situación concursal y, sólo en caso contrario, presentarse en el salvataje como cualquier otra empresa”, opinó Baravalle. Y dijo que la intervención debió haberse realizado, en todo caso, a través de los “resortes pertinentes dentro de la provincia de Santa Fe, esto es, la Inspección General de Personas Jurídicas”.

“En estos momentos estamos en el período de verificación de acreedores. En algún momento se establecerá quiénes son los acreedores, los montos y luego se verá si esa misma empresa, que ahora estará manejada por nuevos dueños, puede establecer un arreglo con sus acreedores”, señaló Baravalle.