Las copiosas y sincronizadas denuncias por supuesto espionaje ilegal por parte del gobierno de Mauricio Macri ofrecen un nuevo -difícilmente sea el último- capítulo del maridaje más espurio que la democracia
reprodujo y perfeccionó desde la despedida de la última dictadura militar: funcionarios, espías y jueces; un triángulo cuyos vértices oscilan entre la coordinación y la traición, la militancia y el recelo, los trapicheos y los negocios. Sobre todo, los negocios.
Antes de llegar al mapa que planificadamente está trazando el kirchnerismo para tratar de llegar hasta Macri como demiurgo de las operaciones ilegales, repasemos brevemente alguno jalones de esta historia oscura. Sólo unos cuántos, y de los pocos que estallaron en los medios.
Durante el gobierno de Cambiemos, estas páginas reflejaron la contratación de policías federales y bonaerenses por parte de la Agencia Federal de Inteligencia para alimentar extrañas bases en el Conurbano bonaerense, que en la práctica funcionaron como estaciones de recolección y difusión de datos para operaciones de espionaje ilegal. También, el seguimiento realizado por la AFI durante al menos dos meses al entonces titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, y a la ex diputada Elisa Carrió, incluso en Paraguay.
Antes, la guerra de espías entre la ex SIDE y el aparato ilegal que alentó y alimentó Cristina Kirchner bajo la espada del general César Milani habían producido escándalos a repetición: desde el Proyecto X de la Gendarmería conducida por Nilda Garré -luego ministra de Defensa y muy cercana a Milani- o el aparato de inteligencia irregular de la Armada descubierto en la base Almirante Zar, hasta el desenfreno del caso Dark Star -en el que se descubrió que la ex SIDE había pinchado más de 700 teléfonos durante años- o las intromisiones a teléfonos y correos de 200 políticos, jueces y periodistas desde la secretaría de Inteligencia Criminal y una dependencia militar ubicada junto al predio de Tecnópolis llamada CITEDEF, denunciadas en 2015.
Podemos seguir hacia atrás, y más atrás. Los denunciantes y las supuestas víctimas cambian, y a veces hasta se intercambian. Otros actores permanecen. Y sus métodos también. Cosas que se repiten: escuchas ilegales por su interés pero autorizadas por algún juez en el marco de una investigación, real, forzada o creada pour la galerie. Escuchas ilegales de punta a punta, directamente realizadas por espías y agencias oficiales con tecnología propia. Utilización de datos fiscales, migratorios, patrimoniales y personales almacenados en organismos públicos pero de uso secreto, con fines de espionaje. Robo y tráfico de de esos datos por parte de agentes o de particulares, para espiar, extorsionar u obtener otras ventajas. Y siguen las firmas.
Pero hay más diagonales en esta geografía. Pocas veces los agentes realizan estos trabajos ilegales -encargados por sus jefes políticos o por cuenta propia- sin alguna empresa, u organización pantalla en la que tercerizan esas labores, de la que puedan despegarse si los planes fallan. Entrenados y mandados a seguir y espiar a opositores -o compañeros-, empresarios y periodistas, cientos de espías emprendieron ese mismo trabajo en forma particular, o asociados en bandas mixtas, con agentes de otras fuerzas, con fiscales o hasta jueces. Clientes sobran. En el Estado, en las empresas, en algunos medios.
Las denuncias que la interventora de la AFI -ella misma ex jefa de la oficina de escuchas judiciales con Cristina- presentó en la justicia contra el macrismo revela esos mismos engranajes. Que deben ser investigados y condenados. Habitualmente no ocurre, aunque decenas de expedientes “investiguen” aquellos delitos.
Ahora, por ejemplo, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena tropezó con un narco que terminó siendo mano de obra pesada de un abogado de la AFI, quien pese a estar sobre aviso de que lo buscaban y haber presentado un habeas corpus para evitar su detención, llenó su teléfono celular de supuestas pruebas de un arco iris de actos de espionaje ilegal. Notable. Entre esos datos, el juez halló la punta de un hilo respecto a un formidable aparato de vigilancia a los presos K en el penal de Ezeiza, algunos de los cuales -a su vez- habrían organizado con otros espías y hombres de la justicia el Operativo Puf, para tratar de empujar a la banquina el caso de los cuadernos de las coimas con la denuncia del misterioso “empresario” Pedro Etchebest en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, en Dolores. Una matrioshka de muñecas rusas.
La cobertura legal para capturar las conversaciones de los teléfonos del pabellón vip de la cárcel de Ezeiza, donde se alojaban Amado Boudou, Carlos Zannini, Lázaro Báez, Cristóbal López, Ricardo Jaime y José López, la dio el oportuno -incomprensible- traslado allí del “rey de la efedrina” Mario Segovia, supuesto objetivo de esos controles. ¿Quién fue el juez que autorizó esas singulares pinchaduras? Federico Villena, de Lomas de Zamora.
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